Redacción Central/El Andaluz
El vicepresidente Edmand Lara rechaza la ley antibloqueos y un diputado oficialista lo acusa de actuar como “vocero de Evo Morales” en las ciudades, profundizando el quiebre interno en la ya fracturada alianza de gobierno. El diputado Alejandro Reyes (Unidad) arremetió contra la segunda autoridad del país por oponerse al proyecto que busca endurecer las sanciones penales contra los bloqueos de caminos, una postura que —según afirmó— contradice su discurso de campaña y lo alinea con los intereses del expresidente.
La fractura se profundiza: de “oposición constructiva” a defensor de los bloqueos
La tensión interna en el gobierno de Rodrigo Paz escaló a un nuevo nivel. Tras haberse autoproclamado como “oposición constructiva”, el vicepresidente Edmand Lara ahora se enfrenta abiertamente a una de las leyes emblemáticas del oficialismo: la norma que pretende penalizar con mayor severidad los bloqueos de carreteras.
Esta posición fue duramente cuestionada por el diputado Alejandro Reyes, quien no dudó en vincular políticamente a Lara con Evo Morales.
“Lastimosamente, el señor Edmand Lara prefiere defender lo indefendible. Está más que claro que la ley antibloqueos busca resguardar los derechos de los bolivianos de bien”, sostuvo el legislador.
Para Reyes, el rechazo de Lara constituye una traición a sus promesas de campaña, cuando calificaba los bloqueos como delitos, y una afrenta directa a la Policía Boliviana, que —afirmó— necesita respaldo legal para actuar. En ese contexto, su postura lo convierte en un aliado funcional del “evismo”.
La ley antibloqueos vuelve al centro del debate
En medio del enfrentamiento interno, el proyecto de ley antibloqueos volverá a tratarse este martes en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados. La iniciativa, impulsada por el diputado Carlos Alarcón (Unidad), busca desmontar la idea de que el bloqueo de caminos es un derecho constitucional.
“Durante más de 30 años nos han hecho creer que el bloqueo es un derecho. Eso es falso. Es una medida violenta que afecta a ciudadanos inocentes”, afirmó Alarcón.
El proyecto plantea sanciones penales severas:
- 3 a 6 años de cárcel para quienes ejecuten bloqueos.
- 5 a 8 años para instigadores y financiadores.
- 10 a 20 años en casos de bloqueos violentos.
La negativa de Edmand Lara a respaldar esta norma no solo lo enfrenta con su propia alianza política, sino que lo coloca como un obstáculo para una de las principales promesas del Gobierno, profundizando una crisis interna que amenaza con escalar aún más.
