Redacción Central/El Andaluz
La batalla por la Alcaldía: Campero denuncia “ataques” de Torres
La controversia por la intervención de Petrobras en la zona de influencia de Tariquía escaló al escenario municipal. La candidata a alcaldesa por la alianza Patria, Luciana Campero, denunció una campaña de ataques en su contra que, según afirmó, es promovida por su principal contendor, Johnny Torres.
“Han instrumentalizado este problema solamente para atacarme, como si yo fuera dueña de Petrobras”, declaró Campero en una entrevista, asegurando que las críticas provienen de funcionarios y familiares del alcalde. “¿Dónde estaba la gente de la Alcaldía? ¿Dónde están los actuales candidatos al Concejo que ahora defienden tan fervientemente la reserva?”, cuestionó, recordando que ella participó en vigilias y plantones en defensa del área protegida.
Campero rechazó las presiones para que decline su candidatura y se desmarcó de la intervención policial, pese a que su alianza política incluye al partido del presidente Rodrigo Paz, quien autorizó el operativo en la zona.
La Gobernación en juego: silencio, tibieza y un rechazo frontal
El conflicto también expuso con claridad las diferencias entre los candidatos a la Gobernación de Tarija, un cargo clave para el futuro de Tariquía.
- Adrián Oliva (silencio político): El actual gobernador y candidato a la reelección ha mantenido un llamativo silencio sobre la intervención en la reserva. Esta ausencia de pronunciamiento es interpretada por activistas y sectores críticos como un respaldo tácito al plan extractivista del Gobierno nacional.
- Mario Cossío (postura tibia): El exgobernador afirmó que “la reserva no se tocaría”, pero su posición ha sido calificada como conciliadora y poco firme, sin la contundencia que exigen los defensores ambientales en un momento de alta conflictividad.
- Never Antelo (rechazo tajante): El candidato de Nueva Generación Patriótica (NGP) ha sido el más claro en su postura. En reiteradas declaraciones sostuvo que “el gas se acabó” y que Tarija debe apostar por alternativas económicas sostenibles, respaldando sin ambigüedades la defensa de Tariquía. Su posición lo perfila como el único aspirante a la Gobernación abiertamente alineado con la protección de la reserva.
El trasfondo: criminalización de la protesta ambiental
Mientras el debate político se intensifica, la presión judicial sobre los comunarios también aumenta. La Fiscalía de Entre Ríos formalizó una acusación penal contra once defensores ambientales de Tariquía, quienes serán llevados a juicio por oponerse al ingreso de las petroleras.
“Hemos pasado de una imputación a una acusación formal. No pensábamos llegar a esto”, lamentó el comunario Juan Mendoza. En la misma línea, Paola Vaca, otra de las acusadas, cuestionó: “¿Acaso no tenemos derecho a defender nuestro territorio y nuestra agua?”.
Para las comunidades, el uso del sistema penal constituye una estrategia de amedrentamiento y desmovilización, en un contexto donde las posturas de los candidatos ya no son solo electorales, sino determinantes para el futuro de Tariquía y de quienes la defienden.







