Osmar Arroyo/El Andaluz
Instituciones de Tarija solicitan desestimar el proceso en contra de comunarios de Chiquiacá y una pausa ambiental en la reserva natural.
El pasado viernes se realizó una audiencia pública, convocada por la Brigada Parlamentaria de Tarija y que contó con la presencia de autoridades nacionales del área de hidrocarburos.
El presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, el diputado Gabriel Corvera explicó que se realizó una audiencia pública informativa, que es una herramienta legislativa reconocida por la Constitución y reglamento y que solo tenía la facultad de brindar información y de recibirla, cualquier otro tipo de acción no hubiera sido válida.
«Por primera vez, en años, más de 20 años hemos tenido autoridades de todo tipo brindando una información, en un ambiente de evidente hostilidad por la molestia que tenemos todos los tarijeños», expresó.
Mencionó que en las conclusiones se acordó conformar una comisión a la cabeza del Comité Cívico, acompañado por activistas, el comité de Defensa de Tariquía y también la Brigada Parlamentaria.
La comisión recabará información sobre el proyecto hidrocarburifera, que será revisada para verificar si se cumplieron con los procedimientos legales.
Corvera dijo que se ha recibido un dossier completo, de varias carpetas con documentación de la consulta pública, impacto ambiental y el procedimiento sobre el proyecto.
Destacó que se recibió la información sin la necesidad de hacer el procedimiento legislativo, lo que hubiera tomado de un mes y medio a tres, para recibir las respuestas.
La Brigada Parlamentaria acompañará el trabajo de la comisión y se seguirá recabando información, señalando que desde el Comité de Defensa se habría indicado que tienen documentación para que se pueda contrastarla con la información brindada por Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
A partir, de la información recabada, dijo que se tomarán las acciones correspondientes, enmarcadas dentro de la legalidad.
«Con la información y con la investigación que va a tener está comisión, que va ser confirmada entre la parte técnica, la parte ciudadana y la parte legislativa, podremos, a raíz de eso, sacar algún tipo de situación, algunos hablaban de pausa ambiental, estamos de acuerdo, siempre y cuando se demuestre que es necesaria la misma y que tiene un componente netamente técnico y legal», apuntó.
Remarcó que, si bien se tiene la postura férrea de que Tariquía no se toca y las áreas de amortiguamiento, las áreas hídricas deben ser preservadas, pero para poder rescindir un contrato m, anular un contrato o realizar cualquier acción legal dentro la facultad de las instituciones, explicó que se necesita argumentación.
Indicó que ya se tiene la documentación, presentada por parte del gobierno y que ahora se necesita la documentación por parte de los ambientalistas y la defensa de la reserva.
Considera que en el plazo de una semana o diez días máximo se realizará ese trabajo, para después hacer las acciones legales que sean correspondientes.
Por otra parte, dijo que se ha hecho la solicitud de manera pública y de manera escrita, ante Petrobras y de YPFB que se desestime las acciones legales que se han realizado en contra de los comunarios que están dentro de la reserva de Tariquía, como una muestra de defensa a los derechos humanos.
Por si parte, la senadora Marcela Guerrero indicó a El Andaluz que también se ha pedido una pausa ambiental en la zona y que se realice una auditoría ambiental, cuando hay una auditoría no se permite el ingreso de las petroleras.
La legisladora nacional señaló que se conformó comisiones a la cabeza del Comité Cívico, Guerrero es parte de la comisión legal y se reunirán este lunes, para avanzar con el trabajo y determinar acciones.
Menciono que pensaban presentar un recurso constitucional, pero la acción ya fue presentada por el Defensor del Pueblo, esperan que se pueda determinar una medida precautoria ambiental, con la finalidad de que se puedan detener los trabajos de las petroleras.
Se analizará que otras acciones legales se pueden activar, se trabajará sobre la auditoría y la pausa ambiental, como una medida legal para frenar la actividad hidrocarburifera que afecte a la reserva.
Recordó que se trabajó en un proyecto de Ley nacional, al que se quiere agregar en uno de los artículos, la protección del área de amortiguamiento.
Convocatoria a Asamblea de instituciones
Señaló que hay algunas observaciones, por parte de activistas ambientales y las comunidades al proyecto
Remarcó que las instituciones han pedido que se convoque a una asamblea de instituciones para este miércoles.
Según la documentación y el informe presentado por la petrolera, se habría cumplido con todo el procedimiento legal para la consulta pública y la licencia ambiental.
