Osmar Arroyo/El Andaluz
La Asamblea Regional del Gran Chaco realizó el pasado martes, la fiscalización al programa de la Canasta Alimentaria para adultos mayores.
La asambleísta regional, María René Barrios, a través de una publicación en su cuenta de Facebook informó que se tienen observaciones estructurales vinculadas con el cumplimiento de la normativa, la planificación y transparencia en el manejo de recursos públicos.
El trabajo de fiscalización fue encabezado por la presidente de la Asamblea Regional del Gran Chaco, Martha Armella, acompañada de los asambleístas María Janeth Paredes, María René Barrios, Evelyn Montes, Rodrigo Rodríguez, Juana Ortega y Vicente Ferreira.
Estuvieron presentes, técnicos del programa, técnicos de organizaciones de adultos mayores, como parte beneficiaria.
La Asambleísta Paredes denunció que habría recibido amenazas, por parte del órgano ejecutivo regional, por las observaciones a la reducción del beneficio y el incumplimiento a la normativa regional.
Se menciona que, de acuerdo al informe remitido por parte de los responsables del programa, del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en la gestión 2025 se presupuestaron 11.472.000,00 bolivianos, se registra una ejecución financiera del 98 por ciento, cada canasta con un valor de 100 bolivianos.
Se tienen 9.310 beneficiarios registrados y para la presente gestión se realizó una reducción en el monto económico y el número de canastas alimentarias a entregar.
Una de las observaciones indica, que en la Disposición Normativa Regional (Dinore) 33, se establece un monto mínimo de 200 bolivianos por canasta alimentaria y su entrega mensual, durante los 12 meses del año.
Según la información publicada por Barrios, los responsables del programa justificaron la reducción del beneficio, en la realidad económica que vive el país y con base en la Ley departamental 072 se realizó la reducción.
Los asambleístas presentes y representantes de los adultos mayores, cuestionaron este accionar, señalando que una Ley departamental, no puede sustituir o dejar sin efecto el cumplimiento de una Disposición Normativa Regional vigente, más aún, si no se llevó adelante un proceso formal de modificación, socialización y aprobación, en la Asamblea Regional.
También se observó, que en junio recién se inició con el proceso de socialización y contratación, que se lo hizo de manera tardía.
La adquisición de los productos se lo realizó a través de una licitación pública, la empresa Reflexión SRL. se adjudicó por un monto de 11.172.000,00 bolivianos, para dotar de productos para la canasta, que incluye arroz, harina de trigo fortificada, azúcar, trigo pelado y fideo.
Los beneficiarios cuestionaron que el precio unitario de los productos no son los mismos precios que se tienen en el mercado local, que tendrían un costo más elevado los productos de la canasta.
Los adultos mayores piden mayor transparencia a los responsables del programa, señalando que se presentaron notas al ejecutivo regional, solicitando que se aclare la diferencia de precios de los productos de la canasta, con los productos que se venden en el mercado, pero no recibieron una respuesta.
Tras la fiscalización, en las observaciones técnicas, se señala la falta de un informe técnico detallado sobre el cumplimiento de las normativas, tampoco se presentaron informes técnicos de evaluación de resultados, ni de datos sobre la cantidad real de canastas entregadas, cobertura mensual, ni sobre el impacto social del programa.
