Osmar Arroyo/El Andaluz
El expresidente Luis Arce Catacora fue aprehendido este miércoles, por el proceso de investigación de presuntas irregularidades en el caso Fondo Indígena y será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas.
La Fiscalía emitió la orden de aprehensión en contra del expresidente y exministro de Economía, Luis Alberto Arce Catacora, por las investigaciones en el caso del Fondo de Desarrollo Indígena, por la presunta comisión de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Arce es investigado en su condición de exministro y miembro del directorio del exFondioc y se encuentra en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
La exautoridad fue aprehendida la tarde de ayer miércoles, en la zona de Sopocachi en la ciudad de La Paz.
A través de redes sociales, la exministra Marianela Prada denunció que Arce fue secuestrado, horas más tarde en entrevista con medios de comunicación indicó que no tiene conocimiento que el expresidente habría sido notificado por la Fiscalía.
Marco Antonio Cardozo, cómo representante del Tribunal Indígena de las 34 Naciones de Oriente y Amazonia señaló que se trata de un proceso que ha iniciado el año 2015, tras una auditoría de la Contraloría General del Estado y fue remitida de oficio ante la fiscalía.
Mencionó que en la actualidad, el fiscal de materia, Miguel Ángel Ramírez, adscrito a la Fiscalía especializada en delitos anticorrupción de La Paz, emitió una orden de aprehensión, con base en el artículo 224 del Código Penal, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en contra de Arce.
«La atribución que le da el Código de Procedimiento Penal a un fiscal, para emitir esta clase de resoluciones, es el artículo 226 y justamente eso se trata a través de la resolución de aprehensión de fecha 10 de diciembre de este año.», expresó.
Señaló que mucha gente puede malinterpretar, como si se trataría de una persecución, que Luis Arce por ser expresidente, no se debería seguir un procedimiento en materia penal a través de la justicia ordinaria y que debería ser tramitado a través de la Asamblea Plurinacional, como un procedimiento de juicio de responsabilidades.
Cardozo remarcó que este proceso data del año 2015 y se lo investiga por las acciones que ejecutó en ese entonces, cuando Luis Arce fungía como ministro de Economía y era representante legal dentro del directorio del Fondo Indígena.
Mencionó que queda claro que no corresponde un juicio de responsabilidad en este caso y por eso es procesado en la justicia ordinaria.
Fiscal General
El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca indicó que, de acuerdo a lo establecido a la norma vigente, primero se tiene los indicios de participación en el hecho, peligro de fuga y el peligro de obstaculización que puede haber por parte de esta persona, en contra de los coimputados o en contra del proceso.
La autoridad aclaró, que se tratan de hechos que se suscitaron, cuando Arce fungía como ministro de Economía y también era parte de la directiva del Fondo Indígena.
«No estamos hablando de hechos, que pudieron haber pasado cuando él fungía como presidente electo del país, algo que recién él ha cumplido y ha pasado el mando a otra persona, que es el señor Rodrigo Paz», expresó.
Explicó que nace de una ampliación de denuncia que realiza el Fondo Indígena, con su nuevo representante legal en Bolivia y con base en informes policiales que recomendaron, que se pueda asegurar la presencia del investigado.
Aclaró que no se trata de persecución, ni tampoco de un hecho político, que se trata de una denuncia que hace una institución que corresponde al Estado y con base en informes policiales se ha actuado como Ministerio Público.
Proyectos del Fondo Indígena
Marco Cardozo se refirió a los proyectos y los montos, que en su momento la Fiscalía conoció, mediante la auditoría de la Contraloría General del Estado.
Remarcó que, si bien se trata de dinero del Estado y ha ido a cuentas de dirigentes, que una resolución ministerial permitió que recursos del Estado vaya a manos de particulares y que se tiene indicios de un presunto daño económico al Estado.
«Lo más grave de todo esto, es de que se tiene indicios muy precisos sobre el daño económico al Estado, en razón a la inexistencia de estos proyectos», apuntó.
Como ejemplo, mencionó que se tiene a la CIDOB, que mediante el convenio 019/2010 saca un proyecto de fortalecimiento de capacidades técnicas administrativas, para la elaboración y gestión en proyectos de organizaciones indígenas de tierras bajas, con un monto de 902.000 bolivianos y no existe ningún tipo de resultado.
Explicó que no hay cómo medir o cuantificar, que el monto se haya invertido y se tenga un producto tangible, que pueda dar entender, como un descargo, que hay un resultado de la inversión de ese dinero.
Señaló que otro monto similar, que también se entregó a la CIDOB, a través del convenio 180/2014, es la implementación de un modelo porcino para la producción y comercialización de lechones, en la Comunidad indígena de Pata de Águila, del municipio de San Javier en el departamento de Beni, por 948.000 bolivianos, de los cuales, solamente se transfirió unos 99 mil bolivianos y tampoco existe nada
Mediante el convenio 272/2014, para la elaboración de subproductos de castaña amazónica, para la organización indígena en Pando, un proyecto de 888.410 bolivianos, de los que se transfirieron 484.609 bolivianos y tampoco se tiene un resultado tangible, que permita respaldar un resultado sobre la inversión de estos recursos.
Cardozo dijo que, como esos proyectos, existen otros de similitud, que se destinaron recursos y no se tienen resultados.
«Solo por dar unos ejemplos, para que se pueda entender, de cómo, simplemente se ha movido sumas millonarias en este tema, pero no se tiene a ciencia cierta algún tipo de respaldo, ni documental, ni físico porque los proyectos tienen diferentes etapas», agregó.
Indicó que esos son los motivos, que con un documento que tiene ya diez años, se investiga a Luis Arce Catacora y recién se activan esta clase de diligencias.
«Es ahí, donde uno realmente se da cuenta, es la evidencia más pura de que, tanto el poder judicial, como el Ministerio Público han estado, de cierta manera, supeditados al poder ejecutivo, es decir, en el tiempo en el que el Movimiento al Socialismo estuvo dentro del poder central del Estado manejando, el Fiscal General de ese entonces no hizo estas actuaciones, el juez que tiene el control jurisdiccional de la causa tampoco hizo notar, ningún tema, de que se esté dilatando, por demás tiempo este proceso y que se debería llevar adelante, está clase de actuaciones», aseveró.
Para Cardozo, tristemente, la corrupción y las influencias que se tienen entre políticos y la no independencia de poderes, deja en evidencia, ante la comunidad internacional, «de que Bolivia es un Estado que no respeta el debido proceso».
Mencionó, que, para otras personas, en situaciones similares, si han merecido condenas en tiempo récord, pero para los que estuvieron en función de gobierno, han tenido un trato privilegiado.
