Osmar Arroyo/El Andaluz
La audiencia que se tenía previsto, para ayer lunes, en el caso Golpe de Estado I, se postergó para este martes, para revisar la detención preventiva de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
El juez dispuso la suspensión de la audiencia, misma que se retomará este martes, a partir de las 8:45 de la mañana.
Tras conocer de la decisión del juez, Marco Pumari, ex presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz, fueron trasladados a recintos penitenciarios, para aguardar la audiencia que se instalará este martes. El Tribunal Sexto de Sentencia, revisará los riesgos procesales, argumentados por la Fiscalía para la detención preventiva.
El abogado de Marco Pumari, Diego Gutiérrez indicó a los medios de comunicación, que solicitan la cesación a la detención preventiva, de su cliente. En la audiencia de este martes, dijo que se buscará desvirtuar los riesgos procesales y solicitar la libertad simple de Marco Antonio Pumari.
Explicó que en la audiencia se revisará, si existen o no, los riesgos procesales para la detención preventiva, en el caso Golpe I.
«La audiencia del día de mañana (por hoy), vamos a ver, si van a continuar estos riesgos procesales o si es que, se va a levantar los riesgos procesales y se va a emitir la libertad pura y simple de Marco Antonio Pumari», expresó el abogado.
Mencionó que, con relación a Marco Antonio Pumari, se tienen tres riesgos procesales, uno de ellos, que podría incluir en testigos y en la obtención de documentos, pero remarcó, que si ya se han presentado los documentos y han ido a declarar todos los testigos, ya no existirían estos riesgos procesales.
Gutiérrez indicó que su defendido se encuentra 44 meses con detención preventiva y adelantó, que hasta el mediodía de este martes, ya se tendrá una resolución del Tribunal de Sentencia, sobre los riesgos procesales, si aún persisten o se determina la libertad pura y simple de Pumari.
Desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se instruyó, en los casos en donde se determinó la detención preventiva, que deben convocar a audiencia de consideración de las medidas procesales, lo que no significa, la liberación inmediata de los investigados.
Procurador General
Por su parte, el Procurador General del Estado (PGE), Ricardo Condori Tola indicó que las partes involucradas en el proceso, deben presentar lo que corresponde, si presentaron una solicitud de cesación a la detención preventiva, tienen que presentar, con elementos, que enerven los riesgos procesales que los mantiene.
«Tienen peligro de fuga y obstaculización, entonces que tienen hacer, yo no soy el abogado de la otra parte, pero, como, en cualquier caso, tienes que presentar documentación que enerven esos riesgos que han dado lugar a la detención preventiva», apuntó.
Remarcó que, si no lo hacen, no se puede forzar a la justicia para que se otorgue la libertad simple.
Por otra parte, señaló que existen recomendaciones de organismos internacionales, que indican que se investigue y se sancione.
«Si no cumplimos esos parámetros, el Estado boliviano, no el Procurador, no la parte acusadora, el Estado es el que será responsable al final del día, por no haber ejercido la acción penal publica como corresponde. Entonces estamos sujetos, una vez más, a qué por parte de las víctimas Sacaba, Senkata, Huayllani, dónde de verdad han muerto hermanos, han dejado a hijos sin padre, a padres sin hijos, han dejado a viudas, a viudos, eso, que le vamos a explicar a estos compañeros, a estos compatriotas, que en su momento, han perdido la vida, por malas decisiones», agregó.
Caso Golpe de Estado I
Los acusados son investigados por los presuntos delitos de terrorismo, conspiración, seducción de tropas, asociación delictuosa y otros hechos de violencia.
El caso Golpe de Estado fue denunciado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
Anulan juicio ordinario penal contra Jeanine Añez
El Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Alto, en la pasada jornada, determinó anular el juicio ordinario penal en contra de la expresidenta Jeanine Añez, en el caso Senkata.
La defensa de Añez presentó un incidente de excepción de incompetencia, argumentando que debería ser procesada en un juicio de responsabilidades y no en la via ordinaria.
En la audiencia la defensa de Añez presentó los argumentos legales y el Tribunal de Sentencia se declaró incompetente para enjuiciar a Jeanine Añez, aclarando que la decisión no implica una impunidad.
Se dispuso la anulación de obrados en el juicio, decidió disolver obrados al juzgado cautelar de origen, para que el caso se remita a la Fiscalía General para el proceso de juicio de responsabilidades.
Se dejó sin efecto las medidas cautelares en contra de los acusados, se dispuso la libertad de todos los que se encuentran con detención preventiva y domiciliaria.
