Osmar Arroyo/El Andaluz
Marco Antonio Cardozo, uno de los accionantes de un amparo constitucional, solicitando que la Asamblea Departamental cumpla con el trámite para la pérdida de mandato de 29 asambleístas, por el abandono de sus funciones, en años pasados, durante una crisis institucional en el ente legislativo, indicó a El Andaluz que, en pasados días, recibieron una respuesta de la Sala Constitucional Segunda de Tarija.
Mencionó que inicialmente, Eliana Suárez de la Sala Constitucional, decía no entender, por qué motivo se acudía a la justicia constitucional y que no entendía, de qué manera se habría vulnerado el derecho al debido proceso administrativo.
Cardozo dijo que se explicó que se acudía a la instancia constitucional, porque el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) y la comisión de ética, no cumplieron con el trámite de perdida de mandato y remarcó que el reglamento de la Asamblea, en su artículo 18, señala que el pleno, junto con el informe previo de la comisión de Ética, deben de resolver la perdida de mandato.
Dijo que, la respuesta de la Sala Constitucional indica, que no se habría agotado esa instancia, con la subsidiariedad y por lo tanto, no se fijará hora, ni fecha de audiencia y se declarará improcedente la acción del amparo constitucional.
«Cuando una autoridad jurisdiccional, en materia constitucional, te dice que no se ha agotado la subsidiariedad, te tiene que decir, dónde, en la normativa está previsto, que cumplas un paso previo, pero tiene que estar eso de manera expresa», expresó.
Cardozo señaló que la máxima instancia de la Asamblea Departamental, es el pleno del ente legislativo, la reunión de sus miembros en una sesión y cuando uno se dirige ante esa instancia y esa instancia no cumple o no responde, no hay otra instancia donde reclamar.
Considera que la vocal, pretende declarar improcedente la acción, sin una justificación legal correspondiente.
Señaló que, en los próximos días, presentarán una denuncia, por prevaricato, en contra de la vocal, ante el Ministerio Público y ante el Consejo de la Magistratura.
Reiteró, que la vocal, tiene la responsabilidad de señalar, cuál es la subsidiariedad con la que no se habría cumplido.
Por otra parte, indicó que se acudirá ante la Contraloría General del Estado y el Ministerio Público, para pedir que la Asamblea cumpla con el trámite para la pérdida de mandato.
