Una joven de 18 años formalizó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), señalando haber sido víctima de agresiones físicas, psicológicas y amenazas por parte de su expareja desde el año 2024. El hecho más reciente fue registrado el 10 de agosto en el barrio Los Cerezos, y ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público.
De acuerdo al testimonio de la denunciante, su expareja –de 19 años– ejerció durante más de un año un patrón sistemático de violencia verbal y física. Relató que los insultos comenzaron de forma frecuente, tratándola de forma despectiva con términos como “colla”, “opa” y “sonsa”, acompañando estas agresiones con bofetadas y descalificaciones constantes.
La situación se agravó cuando, un mes y medio antes de quedar embarazada, el agresor empezó a ejercer fuerza física sobre ella cada vez que intentaba alejarse o cortar la relación. Posteriormente, al enterarse de la gestación, la presión psicológica aumentó. Según la víctima, el denunciado le exigió abortar y se ofreció a pagar el procedimiento.
La joven decidió alejarse definitivamente y cortar toda comunicación, pero el agresor reapareció cuando ella ya tenía ocho meses de embarazo. En ese entonces, le exigió que le entregara a la niña para criarla junto a su nueva pareja, prometiendo «hacerse cargo». No obstante, según la denuncia, continuaron las agresiones verbales y psicológicas incluso después de haber firmado un acuerdo por pensión familiar.
La víctima señala que, pese a haber acudido a instancias legales para garantizar los derechos de su hija, las amenazas y humillaciones no cesaron. Actualmente teme por su bienestar emocional y el de su hija, razón por la cual decidió acudir a la Felcv para solicitar la intervención de las autoridades y frenar el ciclo de violencia.
El caso fue asignado a un efectivo investigador y ya está bajo conocimiento del Ministerio Público, que deberá asumir las acciones correspondientes conforme a ley. Se espera que se dicten medidas de protección y se inicie el proceso penal por violencia física, psicológica y amenazas en el marco de la Ley 348.
