Por Rosy Sánchez/El Andaluz
Tras las movilizaciones que llevan adelante trabajadores de salud por el despido de personal, el pago del bono de vacunación, falta de medicamentos y otras exigencias, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Damián Castillo, indicó que necesario convocar una cumbre departamental para dar una solución definitiva al problema de salud.
Castillo señaló que en los siguientes días se convocará a una reunión a las diferentes organizaciones como la Federación de Juntas Vecinales y la Central Obrera Departamental a fin de proponer una cumbre departamental de salud donde participen autoridades del Nivel Central, Gobernación y Gobiernos Municipales.
“Mediante la Comisión de Desarrollo Humano vamos a ver de organizar esta cumbre para que sea este ente y mediante una mesa de diálogo se pueda analizar el tema de salud, puesto que la situación es crítica y necesitamos que todos debemos trabajar para dar solución a este conflicto”, dijo Damián Castillo en medio de movilizaciones de los trabadores de Salud.
El presidente de la asamblea dijo que el transfundo es la situación económica que atraviesa el departamento, en ese sentido se trabaja en un proyecto de ley que apertura un dialogo para enfrentar la crisis financiera y buscar alternativas conjuntas estableciendo prioridades.
Por su parte el presidente del Colegio Médico responsabilizo en gran medida a la Asamblea Legislativa Departamental por el despido de 24 trabajadores en salud que percibían ítems de la gobernación, mismos que recibieron memorándum de agradecimiento por la insolvencia económica de la gobernación para cumplir con el pago de salarios.
Mientras tanto la Federación Departamental de Trabajadores en Salud cumplió este pasado miércoles un paro movilizado de 48 horas, exige a la gobernación la cancelación del bono vacunación que asciende a cerca de 8 millones de bolivianos. Una conquista que según la dirigencia fue adquirida desde hace 30 años.
Desde la Gobernación se ratifican que no están en condiciones económicas para cumplir con la cancelación de dicho beneficio y señalan que, al ser una competencia nacional, la exigencia debía realizarse al gobierno central mediante el Ministerio de Salud.
En medio de estos conflictos la población es la única afectada con la suspensión de las atenciones médicas a raíz del paro, más aún cuando el país atraviesa una emergencia sanitaria por los casos de sarampión, por lo tanto, consideran prioritario llevar adelante una cumbre de salud a nivel departamental.
