Osmar Arroyo/El Andaluz
El proyecto Ciudad Inteligente se ejecutó en exalcalde Rodrigo Paz Pereira, el 2018, año en el que Seguridad Ciudadana del municipio recibió el presupuesto más alto, de los últimos 10 años, para proyectos de inversión pública.
El concejal municipal de Tarija, Alberto Valdez indicó que lamentablemente a la fecha no se conoce los resultados de auditoría.
Remarcó que el objeto por el que se ejecutó este proyecto, no se logró concretar, que se tienen varias cámaras que no están funcionando.
Espera que este tema se pueda esclarecer lo antes posible, para determinar responsabilidades y apuntó, como principal responsable al exalcalde Rodrigo Paz, quien ahora es candidato a la presidencia de Bolivia.
Por su parte, el exsecretario municipal, Diego Ávila indicó que muchas de las cosas que se dicen del proyecto son falsas y que tiene documentación de respaldo para demostrarlo.
Señaló que se tienen informes que indican que el proyecto fue correctamente licitado y que el 2022, el Ministerio de Gobierno hizo una revisión de todo el proyecto, que se demostró que el proyecto estaba bien, pero que se requería del mantenimiento a las cámaras, que hasta ese momento, todo estaba funcionando bien.
Explicó que la fase de seguridad ciudadana el proyecto se terminó el 2019, luego vino la pandemia, en octubre del 2020, Rodrigo Paz deja la Alcaldía.
En ese momento, dijo que el proyecto, llave en mano, todavía estaba en manos de la empresa, que tenía un plazo de dos años, a partir de la entrega definitiva, de administración y capacitación para el uso del proyecto.
La ex autoridad dijo que la inversión fue de 94 millones de bolivianos y explicó que el proyecto tenía componentes de seguridad social, video vigilancia, tenía componentes educativos, componentes de salud, era un proyecto completo, en muchas áreas, en lo que significa una Ciudad Inteligente.
Recordó que el exsenador Victor Hugo Zamora presentó una denuncia, que fue rechazada en ese entonces por el Ministerio Público, pero considera que por esa denuncia, la Gobernación decidió retirarse del proyecto, 45 millones debía poner el municipio, 45 millones la Gobernación.
Una vez licitado el proyecto, la gobernación pidió que el municipio pague los primeros 45 millones, en ese tiempo se presenta la denuncia por el exsenador, en pleno proceso de investigación, la gobernación decide retirarse, argumentando que ya no contaban conos recursos para la contraparte.
Ávila dijo que la empresa estaba avanzando con el diseño del proyecto y el municipio hizo un proceso de negociación con la empresa, para acortar el proyecto, se hizo una conciliación.
Al final se llegó a un acuerdo, que l gobernación debía pagar 8 millones, de los cuales se habría pagado 4 millones.
Reiteró que el proyecto tuvo que recortarse en algunos componentes, por esta situación y se elaboró un contrato modificatorio, en eso, salió el rechazo de la Fiscalía a la denuncia de Zamora.
Aclaró, que en la gestión de Rodrigo Paz, no se podía hacer la entrega del proyecto, porque la empresa aún tenía dos años de plazo, para la administración y capacitación y que la recepción, debía hacerse en la gestión de Alfonso Lema.
Licencia para el proyecto
Diego Ávila señaló que en la gestión de Rodrigo Paz, se solicitaron las licencias para la operación del proyecto y dijo que incluso se dio la frecuencia de la ATT para la operación del sistema y las licencias tenían una vigencia temporal.
Explicó que, con parte de los recursos, que la gobernación debía desembolsar, se tenía que concluir con el pago de las licencias, para el funcionamiento de los equipos.
Por su parte, Marcelo Poma ex autoridad de la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), indicó que siente, que se dicen verdades a medias sobre el proyecto.
Mencionó que para operar y tener radios bases, fibra óptica y operar con sistemas de internet, se tiene que tener licencia de operaciones, previamente al proyecto, que así, se establece en la Ley de Telecomunicaciones.
Señaló que el 2021, cuando fungía como director de la ATT, se revisaron los diferentes informes y que el municipio, jamás solicitó la emisión de la licencia de operaciones.
Desmintió las aseveraciones del exsecretario municipal Diego Ávila, de que no existen las licencias.
Explicó que primero se tramitan las licencias y cuando uno tiene las licencias de operación, recién se pueden adquirir los equipos, para el proyecto y operar, lo que no se hizo en la gestión del alcalde Rodrigo Paz, tampoco en la gestión de Alfonso Lema, ni en la actual gestión de Johnny Torres.
«El proyecto jamás debía haberse realizado y licitado, porque no tenía licencia, es como construir una escuela en un terreno que no tenga papeles», expresó.
Dijo que hay que ver qué está haciendo la Fiscalía sobre este tema, remarcando que estos hechos no pueden quedar en la impunidad.
«Este proyecto nunca tuvo licencia de operaciones para efectivizar la distribución de datos», apuntó, que tampoco para instalar antenas, radio bases.
Ávila respondió a las aseveraciones de Marcelo Poma, y dijo que en el informe de la Fiscalía, cuando se rechazó la denuncia del exsenador Zamora, se indica que el 12 de mayo del 2017, la empresa ya había solicitado el uso de la frecuencia de 18 gigas y 400 mega Gers y que le concedieron una frecuencia, que la empresa estaba pidiendo que limpien la frecuencia, porque había muchas radios que operaban en esa frecuencia, ilegalmente.
Remarcó, que eso demuestra, que se trabajó con la ATT, con el Ministerio de Gobierno. Dijo que también se solicitó la homologación de los equipos, con el Ministerio de Gobierno.
Le dijo a Poma, que quizás, debe revisar mejor la información y aseguro que si se solicitaron las licencias.
El concejal Valdez lamentó que exautoridades municipales quieran justificar sus inversiones, que hasta ahora no tienen resultados, cuando en su momento, se tenía que decidir, en invertir en agua potable, alcantarillado, tema de salud, hoy se sigue teniendo esas necesidades.
Poma explicó que no le correspondía a la empresa solicitar las licencias, que debía hacerlo el municipio, porque se trata de un proyecto de carácter público, de una instancia pública.
Remarcó, que si tener la licencia del uso de frecuencias, no comprende, porque se siguió adelante con la ejecución del proyecto, sin la licencia de operaciones, que son temas con los que no se han cumplido.
Aclaró que, sin esas licencias, no se podían comprar equipos, que no se podían realizar instalaciones, que no se puede hacer distribución de datos (internet) y dijo que la Fiscalía debe investigar y dar con los responsables.
Juntas Vecinales
El presidente del Distrito 9, Cristian Ventura, en una entrevista en el programa RadioTV de la radio y televisión Andalucía, señaló que desde ese momento, él, dijo que esto era una «estafa para Tarija», porque ha Sido un proyecto sin ningún rumbo, desde tener un estudio que cumpla con los requisitos básicos, y dijo no se sabe, como se ha decidido avanzar con este proyecto.
Recordó que el proyecto, inicialmente, nació con un montón de más de 80 millones de bolivianos y que se habría gastado alrededor de 55 millones de bolivianos.
Explicó que se tenían observaciones y decidieron suprimir una etapa del proyecto, para que se reduzca el costo a 55 millones.
Se adquirieron 151 cámaras de vigilancia, para el proyecto. Ventura indicó que para hacer cálculos, suponiendo que el proyecto habría costado 50 millones para la compra de 150 cámaras, cada cámara habría costado más de 300 mil bolivianos, el 2017.
Comparo, que si alguien ahora quiere instalar un sistema de cámaras para su domicilio, cuesta entre 2.000 y 3.500 bolivianos, con 4 o 5 cámaras.
Mencionó que el proyecto también cuenta con la instalación de una fibra óptica, la instalación de radio bases, lo que considera que fue un gasto innecesario.
«Ese proyecto, desde el 2017 hasta la fecha, no sirve absolutamente para nada», expresó y dijo que el 2023, cuando la Alcaldía inició con la auditoría al proyecto, él se encontraba como dirigente de la Fejuve y el compromiso del municipio, era entregar los resultados de la auditoría en junio de ese año.
Por otra parte, señaló que el representante legal de la Empresa que ejecutó el proyecto hizo conocer que el proyecto se había entregado y tenía una nota de recepción del Gobierno Municipal, que fue entregado al exalcalde Rodrigo Paz.
Ventura remarcó que existe una responsabilidad del Gobierno Municipal, que deberían haber actuado en su momento y no demorar tanto tiempo para llevar adelante una auditoría.
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Cercado (Fejuve), Richard Oz De Vila lamentó que el Gobierno Municipal no pueda realizar una auditoría, señalando que una auditoría no tendría que durar más de 90 días.
Para el dirigente, habría una falta de voluntad, para verificar este tema y se sigue postergando la auditoría.
Oz De Vila lamentó que no se presenten avances en el proceso penal sobre el proyecto y dijo que se requieren los resultados de la auditoría.
«Creo que en este momento podemos definir, de que Ciudad Inteligente, ha sido la inversión más tonta que ha podido hacer Rodrigo Paz, en su gestión de Tarija», agregó.
Alcalde señala que el proyecto está en manos de la justicia
El alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, Johnny Torres indicó que el proyecto «Ciudad Inteligente», es un sistema que no entregaron a la Alcaldía, ni a la policía, que es un tema que está en manos de la justicia.
Menciono que se conoce que se habría hecho una recepción del proyecto, unos días antes, de que ingresé como alcalde, para iniciar con su gestión, que el tema se debe ver, primero que es lo que pasa en auditoría interna y después en la justicia ordinaria.
La autoridad se comprometió en consultar con Auditoría Interna del municipio, para luego informar, cuando concluir la auditoría de cumplimiento al proyecto «Ciudad Inteligente».
