Por Rosy Sánchez/El Andaluz
El dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu (APG IG) de la Provincia O´Connor, René Arevayo, informó este pasado miércoles, que el Ministerio de Hidrocarburos a través de su operador YPFB, pretende ingresar nuevamente a territorio indígena para realizar nuevas exploraciones a pesar del incumplimiento al pago de compensación por daños ambientales.
Arevayo señaló que desde la gestión 2020 se realizaron tres consultas de participación ciudadana para ingresar con actividades de exploración a las comunidades del pueblo guaraní, sin embargo, a la fecha YPFB no realizó la cancelación de los pagos, tras realizarse la aprobación desde la dirigencia para realizar la intervención.
“Sabemos que se paga el 0.1% de cada exploración hidrocarburífera y de acuerdo con el decreto del 2014, se establece que la compensación no se realiza en efectivo sino en proyectos, pero hasta el momento no tenemos ni el proyecto, ni el efectivo” cuestionó Arevayo.
El dirigente denunció que, a pesar de este incumplimiento, nuevamente Yacimientos está ingresando para realizar consultas de participación sin la autorización del dirigente Hugo Arevayo con la intención de dividir a la organización y hacer que las comunidades acepten la nueva exploración sin cumplir el pago de consultas anteriores.
Así mismo señaló que se enviaron más de diez solicitudes al Ministerio de Hidrocarburos sin obtener respuesta de las autoridades. El dirigente advierte que mientras no se realice la cancelación de la deuda pendiente, no se permitirá que se realice las consultas a las comunidades del Pueblo Guaraní.
“Estamos preparando una nota que lo vamos a enviar al ministro para que tome en cuenta. El pueblo guaraní está para apoyar al gobierno para que se generen más recursos, pero primero se pague las deudas que se tienen con las comunidades que requieren de diferentes proyectos en favor de nuestros vecinos”, mencionó René Arevayo.
La dirigencia del Pueblo Guaraní de Itika Guasu, que aglutina a más de 36 comunidades en la Provincia O´Connor, otorgó un plazo de 48 horas a las autoridades nacionales para que emitirán respuesta y se trasladen hasta las comunidades, con la finalidad de dar una solución a sus demandas.
