Un año después del terrible hallazgo del cuerpo calcinado de Zulma C., de 40 años, en una pieza ubicada en las inmediaciones del Cementerio General, el expediente judicial apenas avanza. La familia de la víctima, sumida aún en el dolor y la incertidumbre, clama por justicia en un caso que fue catalogado desde el inicio como feminicidio, pero que hoy parece estancado en la indiferencia institucional.
Cecilia Bolívar, representante de la Defensoría del Pueblo en Tarija, advirtió que la investigación camina a paso de tortuga y que, pese a la gravedad del hecho, no hay responsables identificados ni detenidos.
“Nos preocupa que este caso termine archivado. El Ministerio Público tiene la obligación de actuar con celeridad y diligencia”, afirmó con voz firme ante los medios.
Según se conoció, la Defensoría del Pueblo tomó contacto directo con la madre de Zulma, articulando reuniones con el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) para garantizar atención psicológica y seguimiento judicial. El objetivo es claro: evitar que el crimen caiga en el olvido.
“El deber de investigar, juzgar y sancionar no es una opción, es una obligación del Estado. Los estándares internacionales lo exigen y el debido proceso debe cumplirse, pero también con prontitud”, subrayó Bolívar, recordando que la reparación a la víctima y su entorno es un derecho que no puede postergarse.
El caso
El cuerpo de Zulma fue hallado completamente quemado dentro de un cuarto precario en la zona del cementerio. Las circunstancias, según el Ministerio Público, son sospechosas y todo apunta a un crimen motivado por violencia de género. Sin embargo, pese al rótulo de “feminicidio”, el expediente no presentó avances significativos.
A un año de su muerte, la impunidad amenaza con sellar el caso. La familia solo pide que no se apague la última llama de esperanza.
