Por Rosy Sánchez/El Andaluz
El anuncio del gobernador del departamento de Tarija, Oscar Montes, de rescindir contratos de ítems de salud para establecimientos de primer y segundo nivel generó a partir del mes de agosto, pone en limbo la situación de las atenciones en los centros de salud públicos a la largo y ancho del departamento.
El alcalde municipal de Tarija, Johnny Torres, deslindó responsabilidad de los gobiernos municipales y señaló que la competencia es netamente del gobierno nacional realizar la contratación de personal médico, a través del Ministerio de Salud y Deportes.
“Pedimos a las autoridades nacionales asuman su responsabilidad, cumpla con su obligación y no nos haga pelear entre tarijeños, sino que venga el gobierno y me muestre en que Ley dice que nosotros las alcaldías debemos asumir las responsabilidades del gobierno central, como lo estamos asumiendo con otros programas como los bonos al sector con discapacidad”, expresó la autoridad.
Torres dejó en claro que los Gobiernos Municipales no están en la capacidad de cubrir los gastos que demanda el personal médico. “Si la alcaldía de Tarija tendría que asumir, necesita entre 5 y 7 millones de bolivianos para cubrir el pago de personal médico.
“Hay que mencionar que el 75% del pago de los impuestos de Tarija se van a las arcas nacionales y no puede decir el gobierno que no tiene planta. El gobierno ha tenido el 89% del total de los recursos de hidrocarburos, ¿qué ha hecho con ese dinero?, solo dilapidar en canchitas de futbol”, cuestionó el alcalde de Tarija.
La autoridad municipal mencionó que, en encuentros anteriores con autoridades del Ministerio de Salud, el municipio de Tarija propuso, que con los recursos que se asignan al seguro del SUS, se absorban los requerimientos respecto al personal de salud que demandan los centros de primer y segundo nivel.
Johnny Torres aclaró que las alcaldías y gobernaciones tienen la responsabilidad de cubrir los gastos de infraestructura, equipamiento y personal administrativo, para primer y segundo nivel en caso de los municipios y la gobernación en hospitales de tercer nivel.
