Por Rosy Sánchez/El Andaluz
El pasado lunes, el juez Marcelo Cortez Candia, del Juzgado de Yapacaní, emitió un mandamiento de apremio contra el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño Rojas, por el proceso judicial iniciado por extrabajadores del extinto Servicio de Aeropuertos Bolivianos S. A. (SABSA).
El ministro Montaño en su visita al departamento de Tarija por la efeméride departamental se refirió al tema y señaló que los ex trabajadores de la empresa pretenden ganar 14.000 bolivianos, cuando existe un contrato firmado con anterioridad que señalan que los sueldos están entre 10.000, 12.000 y 14.000, sin embargo, todos piden una nivelación al monto mayor.
“En ese entendido es que el juez de Yapacani se ha parcializado y nosotros como autoridades vamos a asumir todas las acciones correspondientes y se hagan respetar todos los derechos, porque esos recursos no son del ministro de Obras Públicas, sino de todos los bolivianos” dijo la autoridad.
Edgar Montaño, dijo que no es posible que después de 15 años los ex trabajadores soliciten una igualación de salarios por lo que expresó que se mantendrá en su posición y se asumirán todas las acciones legales.
“Ellos piensan que pretendiendo detenerme a mi yo voy a soltar el recurso de todos los bolivianos y no es así”, señalo el ministro al ratificar su decisión de acetar la nivelación que piden los extrabajadores de (SABSA).
El ministro cuestionó a su vez las opiniones “sesgadas” de diferentes actores políticos que pretenden manchar su imagen y la gestión que realiza a la cabeza del ministerio de Obras Públicas, e insto a todos aquellos que quieran referirse al tema, informarse antes de emitir criterios.
La orden de aprehensión emitida el pasado lunes, instruye a la Policía Boliviana aprehender a Montaño y trasladarlo a la carceleta de Buena Vista, hasta que se concrete el pago de Bs 55.189.880, por concepto de finiquitos pendientes a los extrabajadores que lo demandaron.
La decisión judicial responde a un largo proceso legal iniciado por hace 14 años por parte de más de 600 extrabajadores a nivel nacional, de los cuales 190 de ellos son de Santa Cruz quienes desde hace tres años exigen el cumplimiento de sus derechos laborales tras el cierre de la empresa estatal.
