Por Rosy Sánchez/El Andaluz
En conferencia de prensa, el gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, Oscar Montes expresó que el departamento registra una reducción drástica de los ingresos económicos desde el 2015, sin embargo, este año la situación se torna insostenible que obliga a la institución a declararse en emergencia financiera.
La autoridad señaló que de los 373 millones de bolivianos presupuestados para esta gestión 2025 en materia de regalías, solo se recibirán 247 millones de bolivianos, es decir que la disminución será de más de 100 millones, situación que pone en riesgo el funcionamiento de la gobernación.
“Ante esta situación, tenemos dos alternativas, pensar en un cierre de la gobernación que podría darse en el mes de mayo donde dejemos el mínimo de personal indispensable para atender administrativos y un mínimo de equipo para las emergencias respecto al mantenimiento de carreteras”, dijo Oscar Montes.
Como segunda alternativa, el gobernador realizó un pedido a la Asamblea Legislativa Departamental para que se realice una adecuación la normativa vigente a la nueva realidad financiera que atraviesa el departamento, ya que no existe ninguna posibilidad material para poder cumplir las obligaciones económicas establecidas en más de 90 leyes vigentes.
“Estas acciones deben tomarse de manera inmediata, no podemos esperar días, meses y años, es cuestión de horas. Lo queremos pedir de forma pública al ente legislativo para que se asuman medidas, hemos conversado de forma personal con algunos asambleístas que nos manifestaron su predisposición para modificar la normativa”, dijo la autoridad departamental.
Oscar Montes señalo que solo para cubrir programas y proyectos sociales como la ley de transferencia de recursos del Posol, la canasta alimentaria del adulto mayor, la canasta as personas con discapacidad, ítems y otros compromisos, la gobernación gasta 215.948.614 bolivianos.
Por su parte el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eider Quiroga dijo que, para modificar las leyes relacionadas a programas sociales que benefician a sectores vulnerables como los adultos mayores y personas con discapacidad, deben ser consensuadas con los involucrados.
“El gobernador deberá explicar a los diferentes sectores del porque se quiere anular o modificar las leyes, no puede lavarse las manos y responsabilizar a la asamblea legislativa tiene que resolver, cuando es la tarea del ejecutivo generar estos acuerdos”, señaló el asambleísta.
Eider Quiroga dejó en claro que, de no realizarse consensos, desde la bancada del MAS no se aprobara la ley de emergencia financiera propuesta por la gobernación, que busca liberar recursos para realizar nuevas licitaciones.
Por su parte el vicepresidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Walter Aguilera, señaló que como directiva están en la predisposición de realizar un trabajo coordinado para resolver la crisis financiera, sin embargo, existen asambleístas que se manifiestan en desacuerdo.