Por Rosy Sánchez/El Andaluz
El presidente del Concejo Municipal de Tarija, Fernando Castellanos, informó que la ley 019 que declara área protegida alrededor de 50 hectáreas en los bosques de Aranjuez establece de forma clara que es el ejecutivo municipal quien debe realizar labores de protección y preservación de las áreas verdes, tras evidenciarse construcciones e la zona.
Castellanos dejó en claro que la ley 119 no quita el derecho propietario de los supuestos dueños los terrenos, lo que regula es el uso de suelos estableciendo la prohibición de construcciones de viviendas y actividades que generen un daño ambiental al interior del área protegida.
“Al ser un área altamente sensible y de recarga hídrica para en la ciudad, donde ademas se encuentran las estaciones de bombeo, los informes técnicas realizados por el municipio declaran que estas áreas deben ser protegidas y reguladas para evitar que se realicen edificaciones”, dijo Fernando Castellanos.
El presidente del Concejo, instó al gobierno municipal asumir las acciones que corresponden ante el avasallamiento de los terrenos donde se están realizando construcciones ilegales, y mientras esté vigente la declaración de área protegida, corresponde la demolición de viviendas.
Sobre el tema, el asambleísta departamental Aníbal Rodríguez, hizo conocer que la mañana de este lunes los predios de los bosques de Aranjuez amanecieron cerrados con un portón que señala que los terrenos son de propiedad privada impidiendo el paso al interior del área protegida declara por ley municipal.
“Aquellos que aluden tener el derecho propietario de los predios no pueden realizar el cierre mientras no se dilucide el derecho de propiedad, en ese sentido instamos al juez de medio ambiente emitir la resolución e interponer las acciones que corresponden para resguardar estos espacios establecidos como áreas verdes”, mencionó el asambleísta.
El legislador aclaró que existe el reconocimiento constitucional de la ley 019 que determina área protegida en los bosques de Aranjuez, por tanto, el Estado es dueño de estos espacios hasta que se demuestre lo contrario, “el colocar un portón al ingreso es una medida ilegal”.
Respecto a la acción interpuesta por los supuestos propietarios de los terrenos ubicados dentro del área protegida, el asambleísta Rodríguez, señaló que son las instancias judiciales las que deberán emitir un fallo, por tanto, no se pueden realizar movimientos de tierra.