Osmar Arroyo/El Andaluz
La senadora Nely Gallo indicó a El Andaluz que a fines del 2024 presentó un memorial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), señalando que ya transcurrió más de un año de que se presentó una acción popular por la contaminación en el río Pilcomayo y que tras cumplirse el plazo de 12 meses, esa instancia aún no se ha pronunciado.
La legisladora nacional indicó que las autoridades no están haciendo nada, en contra de los que afectan el medio ambiente, con la contaminación minera.
Explico, como no se ha pronunciado el TCP sobre este tema en el plazo establecido, se cumplen con los procedimientos.
La senadora anuncio que se preparan acciones ante instancias internacionales para denunciar la contaminación de las aguas del río Pilcomayo, por la actividad minera.
Adelanto que se acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras instancias a nivel internacional.
Dijo que se espera que el TCP se pronuncie sobre el tema y posteriormente se presentarán las notas correspondientes a instancias internacionales.
«Estamos pidiendo que la CIDH exprese su posición, eso ayuda a que el Tribunal Constitucional pueda emitir su resolución a favor de la solicitud presentada en la acción popular», expresó.
Nely Gallo dijo que se mantiene comunicación con los pueblos indígenas del departamento de Tarija, y que ellos también exigen que el TCP emita una resolución sobre el tema. Mencionó que desde los pueblos indígenas, le solicitaron a la senadora, que les pueda facilitar el dosier, la documentación sobre el tema.
La acción popular se presentó por la senadora Nely Gallo el año 2023, en la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (TDJ) se denegó la tutela de la acción y paso a revisión ante el TCP, instancia que aún no emite una resolución.
En varias oportunidades se denunció, por parte de dirigentes de pueblos indígenas y por algunas autoridades, la contaminación de las aguas del río Pilcomayo, por la actividad minera que se realiza aguas arriba, en la cabecera de la cuenca y que estaría provocando altos niveles de contaminación.
Acción Popular
El 16 de octubre del 2023 se llevó adelante la audiencia de la acción popular presentada por la senadora Nely Gallo, por la contaminación en el río Pilcomayo.
La audiencia se instaló a las 9:00 de la mañana y se desarrolló durante siete horas, pero el resultado no fue favorable para la accionante, porque se denegó la tutela de la acción popular.
La senadora Gallo informó en ese momento a El Andaluz que se tuvo un resultado nefasto de la audiencia de la acción popular.
Dijo que el fallo de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, los vocales Aiza y Donoso, denegaron la tutela de la acción popular.
Para la senadora los vocales tuvieron una evidente parcialización.
Indicó que después de siete horas de audiencia, se ha denegado por completo la tutela y se ha negado toda responsabilidad de los ministerios.
Lamentó, que no se haya atendido ninguno de los puntos del pliego petitorio presentado con la acción popular.
Mencionó, que los representantes de los pueblos indígenas estuvieron presentes en la audiencia y han expuesto la situación en la que se encuentran por la contaminación, pero no se ha tomado en cuenta.
Remarcó que no se ha tomado en cuenta por los vocales, los más de 20 estudios científicos que se presentaron y lo único que hicieron es negar que exista contaminación en el río Pilcomayo y deslindar responsabilidad del gobierno nacional.
“Incluso han tenido el descaro de decir que son las gobernaciones que tienen que atender una posible situación negativo ambiental”, expresó.
Pliego de peticiones en la acción popular
La concejal municipal de Tarija, Marcela Guerrero, se adhirió a la acción popular e informó en ese entonces, que con la acción se hace varias solicitudes, entre las principales, la restitución de los derechos vulnerados.
Explicó, que con la acción popular se solicitaba a los vocales de la sala constitucional entre los primeros puntos, la reparación de los derechos vulnerados, que se conceda la tutela de la acción.
Se pide que se reconozca al río Pilcomayo como sujeto de derechos y que se ordene la suspensión o paralización de toda actividad minera que se desarrolla a lo largo del río Pilcomayo.
Que se verifique el daño ambiental provocado, que se revise los contratos administrativos mineros.
También se solicita que se haga un estudio con enfoque multisectorial a lo largo de todo el río Pilcomayo.
Se solicita que se notifique a las cooperativas mineras que operan en el río Pilcomayo o zonas aledañas y que no cuentan con una licencia ambiental.
Que se paralice todo tipo de actividad de manera inmediata.
Guerrero mencionó que también se pidió que el Ministerio de Minería cumpla con las recomendaciones de forma obligatoria en el marco de la responsabilidad que tienen.
Reparar el daño, la afectación a especies nativas, fauna y flora en el río Pilcomayo.
La contaminación del aire, de los recursos hídricos, por la contaminación con metales pesados, cobre, arsénico, mercurio, que, además, provocan daños a la salud.
Se solicito que se realice un verdadero proceso de consulta previa, vinculadas a la protección de comunidades en su territorio.
Que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua presente informes complementarios, que se garantice la participación de todas las organizaciones sociales, sobre todo de los afectados directos.
También se pide que se remita antecedentes ante el Ministerio Público, tomando en cuenta que la contaminación es un delito que está establecido en el código penal, como delito ambiental y se tienen que establecer responsabilidades.
Con la acción popular, Guerrero explicó que también se solicita que se ordene a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM de realizar en coordinación con la Policía y Fuerzas Armadas controles para evitar la proliferación de la minería ilegal.
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