En un reciente pronunciamiento, la Defensora del Pueblo, Cecilia Bolívar, expresó su preocupación por el tratamiento judicial que recibieron varios casos de violación a menores en Villamontes, donde, según denuncias, los responsables de estos delitos habrían recibido penas significativamente menores a las estipuladas por la ley.
Bolívar señaló que, tras recibir las denuncias de la Dirección Regional de Lucha Contra la Violencia, se presentó un informe ante el Consejo de la Magistratura en 2023, remitiendo los hallazgos sobre las irregularidades identificadas en el manejo de estos casos. A pesar de que los tribunales competentes tenían conocimiento de los hechos, el proceso judicial sufrió alteraciones, y lo que originalmente era un caso de violación fue modificado por el Tribunal de Justicia de Villamontes a estupro, un delito con penas mucho más bajas.
«La coordinación regional de la Defensoría del Pueblo ha dado seguimiento a estos casos. Tres de los autores fueron beneficiados con penas mínimas, lo que es un grave error. En casos de violación, las penas pueden ser de hasta 30 años de prisión, especialmente cuando se trata de menores de edad. Sin embargo, al calificarlo como estupro, las penas se reducen considerablemente», expresó Bolívar, quien enfatizó la importancia de visibilizar estas situaciones que afectan directamente a niños y adolescentes.
La denuncia, que fue presentada ante el Ministerio Público, reveló que las personas acusadas de los delitos estaban ejerciendo su derecho a la defensa, lo que es común en estos procesos judiciales. No obstante, la Defensora del Pueblo subrayó la necesidad de una revisión exhaustiva de estos casos, pues la sociedad no puede tolerar que los responsables de delitos tan graves sean tratados con lenidad.
Sandra Gutiérrez Fiscal Departamental de Tarija, confirmó la existencia de al menos tres víctimas en estos casos y detalló que, según las denuncias presentadas el 29 de noviembre de 2024, los jueces de Villamontes habrían dictado resoluciones contrarias a la ley al otorgar penas mínimas por estupro, cuando se trataba de casos de violación con todas las agravantes.
«Los delitos de violación tienen penas que oscilan entre 15 y 30 años de prisión, pero en estos casos, a los tres acusados se les otorgó la pena mínima por estupro, lo que resulta inaceptable. Esta situación no solo afecta a las víctimas, sino que también pone en entredicho la imparcialidad y eficacia del sistema judicial», finalizó Gutiérrez.