Por Rosy Sánchez/El Andaluz
La cumbre departamental de seguridad ciudadana realizada la gestión 2022 estableció una lista de 14 puntos que debían cumplir las autoridades, tanto municipales y departamentales, sin embargo, después de tres años, no existen muchos avances.
“lamentable conforme va el crecimiento vegetativo la delincuencia también va creciendo de forma abismal y nosotros seguimos en la misma situación de antes, es la misma cantaleta de siempre de las autoridades que no hay recursos para asignar mayor presupuesto a seguridad” expresó.
Otro problema que señala el dirigente es que muy poca gente tarijeña se anima a ser policía, si bien Tarija cuenta con una escuela policial, la mayor parte los inscritos son personas que vienen del interior del país, más específicamente del norte, se reciben, están tres meses y se retornan a sus regiones, dejando a la ciudad en la misma situación que antes.
“Le doy el ejemplo de la Estación Policial Los Chapacos, son alrededor de 90 barrios qué atiende esta EPI y sólo cuenta con 14 funcionarios para realizar los patrullajes, es bastante mínimo el personal para cubrir a todas las zonas”.
Personal Policial
De acuerdo a un reporte emitido por la Policía, el Comando departamental cerró la gestión 2023 con 1.834 efectivos, pero a inicios del año 2024 se incorporó a más de 200 nuevos policías, finalizando la gestión con más de 2.000 funcionarios para todo el departamento.
Del total de efectivos, en la provincia de Cercado qué cuenta con mayor cantidad de habitantes se quedan aproximadamente 1.200, sin embargo un número entre 70 a 80 efectivos policiales están custodiado y dando seguridad privada cuidando a infractores de la ley con detención domiciliaria.
Es ahí que surge el otro pedido de implementación de las manillas electrónicas, mismas que debían ser colocadas a estos ciudadanos infractores, para que los efectivos policiales pasen a realizar labores de patrullajes en la ciudad, pero hasta la fecha tampoco se cumplió este pedido.
El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo en su visita a Tarija el pasado 9 de enero anunció que el departamento será beneficiado con la incorporación de 30 subtenientes y 90 sargentos que desempeñarán diferentes tareas en beneficio de la población. A pesar las dos nuevas incorporaciones la cifra no sobrepasa los 2.200 efectivos para todo el departamento.
Cámaras de video vigilancia
El proyecto Ciudad Inteligente implementado en la gestión del ex alcalde Rodrigo Paz y que tenia como principal finalidad coadyuvar en temas de seguridad, actualmente se encuentra en un proceso de auditoria interna y con más del 50% de las cámaras de seguridad sin funcionamiento por temas legales y financieros.
La concejal municipal, Marcela Guerrero dijo que se adeuda casi 5 millones de bolivianos a la empresa ejecutora para realizar recepción definitiva del proyecto, recursos que deben ser cancelados por la gobernación del departamento, pero que la institución señala que no cuenta con los recursos.
“Es por esta razón que la policía no quiso realizar la recepción definitiva a pesar de que los equipos y el control de monitoreo se encuentra en las oficinas del comando de la policía (…), hemos visto que estos equipos por la ubicación y el tipo de tecnología no fueron de gran ayuda para resolver hechos delincuenciales” cuestionó Guerrero.
Ante el incumplimiento al objetivo inicial del proyecto de, garantizar seguridad, modernidad y la implementación de un sistema de internet para la cuidas, Marcela Guerrero señaló que se inició una auditoría interna para esclarecer estas presuntas irregularidades.
“Lamentablemente la auditoría sufrió algunos retrasos en el avance por el tema del puente 4 de julio, se espera que en el mes de marzo se pueda retomar el proceso y conocer cuáles son los avances y resultados de estas auditorías” señaló la concejal.
Más allá de los resultados de la auditoria, la situación financiera es otro problema que dificulta la implementación total de ciudad inteligente, según Guerrero para darle funcionalidad en condiciones óptimas, se necesita la autorización de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) y cancelar las licencias de hardware y el softwares para su total funcionamiento.
Guerrero dijo que en la cumbre de seguridad ciudadana del 2022, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo comprometió darle funcionalidad a las cámaras e implementar el proyecto de seguridad bol 110, pero sin embargo quedó en reuniones de intenciones.
Brigadas barriales
Otro de los pedidos de la Federación de Juntas Vecinales, fue la incorporación de brigadistas barriales qué realicen tareas de alerta ante cualquier hecho de inseguridad, sin embargo, se ha visto imposibilitada por temas legales y financiero.
Celestino Barro señaló que las autoridades argumentan que, según la norma, no puede haber dualidad de funciones con los efectivos policiales, y el segundo argumento es que no existen las condiciones económicas para cancelar al personal.
