Ciudadanos en el exterior deben aguardar aprobacion de la ley electoral para empadronarse

Por Rosy Sánchez/El Andaluz

La Canciller General del Estado, Celinda Sosa, en su visita a Tarija se refirió a las lecciones nacionales previstas para el 17 de agosto del presente año, señaló que como Cancillería velaran por los derechos de los ciudadanos bolivianos en el exterior del país para que puedan sufragar el día de la votación.

Sosa señaló que se requiere la aprobacion de la ley electoral por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para el registro de los ciudadanos en el padrón electoral, previo a ello se deberán instalar los consulados en los diferentes países donde residen ciudadanos bolivianos.

“Una vez que se cuente con la Ley electoral, como Cancillería tenemos un convenio firmado con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para facilitar y cooperar en todo el servicio que vaya a realizar en el exterior durante el proceso de votación”, expresó Celinda Sosa.

Según la autoridad son más de medio millón de ciudadanos bolivianos que se encuentran registrados en el padrón electoral en alrededor de 30 países, cifras que podrían incrementarse con la apertura del nuevo registro de empadronamiento.

De acuerdo a la información que dio a conocer el vocal del TSE, Gustavo Ávila, se requierenalrededor 4 millones de dólares para realizar el proceso de votación en el exterior, en las elecciones del 2020 se contó con un padrón electoral de cerca de 2 millones de ciudadanos, sin embargo, se aguarda conocer los nuevos inscritos para este año 2025.

Para las elecciones nacionales del 17 de agosto se cuenta con un presupuesto de 300 millones de bolivianos, el mismo no incluiría el proceso de votación en el exterior del país. En el mes de abril se realizará el lanzamiento del calendario electoral donde se establecerán detalles de todo el proceso y cronograma de actividades.

De igual profa el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, confirmó que el Encuentro Nacional por la Democracia a desarrollarse el próximo 17 de febrero, con el fin de “blindar” las elecciones presidenciales y cumplir con los plazos establecidos.

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