Por Rosy Sánchez/El Andaluz
De acuerdo al registro de la Cámara Minera, son cuatro los principales minerales que se explotan actualmente en el departamento, el yeso y la cal en el municipio de Entre Ríos, la piedra caliza en el municipio de El Puente y el Oro en la zona del río San Juan del Oro qué aglutina diferentes comunidades.
La diputada Esther Sánchez que hace un seguimiento continuo a esta actividad, señaló que de acuerdo al informe de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), de Tupiza donde se realiza el registro, son 40 las empresas entre cooperativas y privadas legalmente establecidas, mientras que más de 100 operan de forma ilegal.
“En Entre Ríos tenemos 23 empresas que trabajan de manera regular, en Yunchara y El Puente hablamos de 20 empresas, sin embargo también existen más 39 empresas que se encuentran en etapa de trámite para adquirir la certificación”, expresó.
Sánchez señaló que en los últimos 5 años las empresas mineras legalmente establecidas entregaron de entre 10 a 13 millones de bolivianos por regalías al departamento, que corresponden al 4% de recursos que generan las empresas, de este 4%, el 80% se va a las gobernaciones y el 20% a los municipios productores.
“Si toda la actividad minera se realizase de forma legal, hablaríamos de mayor cantidad de recursos porque parte de las empresas que operan de forma ilegal y existe una importante fuga de regalías para el departamento principalmente en la zona alta donde se explora el oro”, cuestionó Esther Sánchez.
Por su parte Rodolfo Meyer presidente de la Cámara Minera de Tarija, señaló que una de las dificultades para que tanto empresas unipersonales y cooperativas es que estas deben salir del departamento para realizar los tramites.
Trámites en Tupiza
Si bien existen 39 empresas que realizan los trámites para desarrollar la actividad minera, las mismas deben trasladarse hasta la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), de Tupiza, departamento de Potosí, para adquirir el permiso ya que Tarija no cuenta con una oficina de la AJAM.
Meyer dijo que ésta situación también generan una fuga de recursos, es decir que al estar registradas en otra jurisdicción, el aporte de regalías qué hacen las empresas se desvían otras regiones, además que por la lejanía, muchas de ellas prefieren operar de forma ilegal.
“Desde hace algunos años hemos realizado las solicitudes al Ministerio de Hidrocarburos y Minería para que Tarija pueda contar con una oficina, nos han aceptado venir incluso en dos oportunidades ya se estaba buscando el espacio pero nunca se ha hecho efectivo”, dijo Rodolfo Meyer.
Más allá de la concesión o autorización que deben realizar las empresas en la AJAM, todo contrato minero deberá pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), además de contar con una licencia ambiental y la aprobación de la comunidad donde se realizará la intervención.
Tierras restringidas
La diputada Esther Sánchez explicó que existe un mapeo de tierras raras o restringidas donde la mayoría de las empresas ilegales se encuentran operando, por lo que no procederían a ser aprobados en la Asamblea Plurinacional.
“Estas tierras se encuentran en la zona de Rejará, Bermejo, Padcaya, Uriondo y Entre Ríos, hablamos de otro tipo de minerales como radioactivos, que no cualquiera podría extraerlo, esto nos debería preocupar ya que éste mapeo es un documento que lo realizaron los propios de la AJAM”, expresó Sánchez.
Dentro de estos lugares restringidos, según la diputada, sólo puede ingresas el gobierno nacional y empresas privadas.
Intervenciones
En agosto de 2024, se desmanteló un campamento minero ilegal en la comunidad de Paicho, sobre el río Camblaya, en el municipio de El Puente. La Cooperativa Minera “Bombori SRL” explotaba oro sin autorización.
De igual en el operativo ordenó el secuestro de maquinaria pesada, incluyendo: una volqueta, dos retroexcavadoras, una máquina de soldar, dos motores generadores de energía, dos bombas de agua, una pala cargadora y 3.200 litros de combustible.
Otro de los hechos que llamó la atención el 2024, es la ruptura de la piscina de sedimentación perteneciente a la cooperativa minera Azulejos de Esmoraca, que no tenía licencia ambiental. Los residuos llegaron al río San Juan del Oro y sus afluentes, que las comunidades utilizan para su producción agropecuaria y consumo.
Al menos 30 comunidades de los municipios de Yunchará y El Puente, en Tarija, y de Tupiza, en Potosí, fueron afectadas.
