Rosy Sánchez/ El Andaluz
La reciente suspensión de las elecciones para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en varios departamentos, confirmada por el TCP, encendió un nuevo episodio de tensión política y judicial en el país. Este fallo, que estableció una nueva convocatoria para los Órganos de Justicia en regiones declaradas desiertas, afecta directamente a Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, dejando en incertidumbre el futuro de las elecciones judiciales programadas para el 1 de diciembre.
La determinación generó un fuerte cuestionamiento, particularmente desde sectores que esperaban una renovación de los tribunales. En este contexto, Marcela Guerrero, presidente de la Comisión Jurídica del Consejo Municipal de Tarija, expresó duras críticas hacia el TCP, cuestionando lo que describió como “una falta de claridad en las decisiones emitidas” que afectan la seguridad jurídica y generan un ambiente de desconfianza en el proceso electoral judicial.
“Hemos escuchado al presidente del Tribunal del Órgano Supremo Electoral, que en lugar de brindar certidumbre, ahora opta por pedir informes adicionales sobre la continuidad parcial del proceso”, señaló Guerrero, criticando la aparente indecisión de las autoridades. Según la jurista, la suspensión de las elecciones judiciales y la prórroga de los actuales mandatos solo benefician a ciertos sectores que buscan perpetuarse en el poder, además de que representan una considerable pérdida de recursos económicos invertidos en un proceso que, al no concretarse, defrauda el principio de preclusión y la transparencia del sistema judicial.
La creciente frustración llegó también hasta las palabras del alcalde municipal de Tarija, Jhony Torres quien sostuvo que la situación es un reflejo claro de una crisis que afecta al país. En una declaración enérgica, calificó las recientes decisiones del TCP como una “aberración jurídica” y un antecedente que quedará grabado en la historia del país.
“El TCP está diciendo que elijan lo que quieran, pero menos nuestros puestos. Permiten las elecciones del tribunal agroambiental, del TSJ salvo en Pando, pero ellos están asegurándose una continuidad vitalicia. Ese es el mensaje de fondo”, afirmó el alcalde, poniendo en relieve una problemática que calificó como grave y que, según él, debería ser atendida por el Legislativo para evitar mayores daños a la democracia.
Torres también subrayó que estos fallos constituyen un riesgo para la legitimidad del sistema electoral y judicial del país, calificándolo como un abuso de poder. En este sentido, el edil alertó sobre el impacto que estas decisiones podrían tener en la democracia y el orden jurídico, y dejó entrever que, de no atenderse el problema de inmediato, se estaría promoviendo un sistema “fallido” y alejado de las garantías que la Constitución establece.
