Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
La concejal municipal de Tarija, Raquel Ramos, ha denunciado falta de transparencia retrasos en la entrega de informes de auditoría relacionados con el proyecto del puente 4 de Julio, “puente millonario”.
Ramos informó que el Concejo Municipal remitió dos resoluciones en 2023 solicitando auditorías internas al Gobierno Municipal sobre tres aspectos críticos del proyecto: el estudio de emplazamiento del puente, el proceso de contratación de la empresa constructora y la posterior rescisión del contrato. Además, en 2024 se solicitaron auditorías adicionales sobre temas ambientales y el cumplimiento general del proceso del proyecto.
Sin embargo, la concejal denunció que, a pesar de existir una resolución que obliga a la Alcaldía y a Auditoría Interna a remitir informes bimestrales sobre el avance de las auditorías, hasta la fecha no se ha recibido ninguna información oficial en el Concejo Municipal. “Estos informes nunca han llegado al Concejo Municipal y tampoco han remitido lo que es la conclusión”, afirmó Ramos.
La situación se complica aún más por las declaraciones contradictorias de distintos funcionarios. Mientras que por medios de comunicación se ha informado sobre la existencia de una auditoría interna finalizada, el Concejo Municipal no ha recibido ninguna notificación oficial al respecto. Ante esta situación, Ramos ha solicitado formalmente que se remita al Concejo la parte conclusiva de la auditoría interna, que aparentemente ya ha sido derivada a la Contraloría.
La concejal también aclaró un malentendido surgido a raíz de declaraciones de su colega, la concejal Marcela Guerrero, sobre el papel de la Contraloría en la ejecución de multas relacionadas con el proyecto. Ramos enfatizó que las multas están actualmente judicializadas, lo que significa que solo un juez tiene la competencia para determinar su ejecución, no la Contraloría. “El único que puede determinar que estas se tienen que ejecutar es el señor juez y no la Contraloría, como se ha informado”, puntualizó.
Respecto al rol de la Contraloría, Ramos explicó que su intervención será posterior a la culminación de la obra. En ese momento, el organismo determinará si existen responsabilidades penales, civiles o administrativas relacionadas con el proyecto.
