Mar. Feb 18th, 2025

Defensores de Derechos Humanos exigen protección para comunarios de Chiquiacá procesados

Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ

La tensión entre los comunarios del cantón Chiquiacá, en la provincia O’Connor de Tarija, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha escalado a un nuevo nivel, desencadenando una respuesta enérgica por parte de los defensores de derechos humanos en el departamento. Yolanda Herrera, responsable de la comisión permanente de Defensa de los Derechos Humanos en Tarija, ha alzado su voz en defensa de los comunarios, exigiendo el respeto a sus derechos fundamentales y denunciando lo que considera una criminalización de la protesta social.

El conflicto se originó cuando YPFB, intentó ingresar al cantón de Chiquiacá para avanzar con el proyecto exploratorio Domo Oso X3. Los comunarios, preocupados por el impacto ambiental en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, se opusieron a este ingreso los días 1 y 2 de octubre de 2024. Como respuesta, YPFB, a través de su representante legal Marcos Carlos Navarro Morales, presentó una demanda contra 20 comunarios por “atentados contra la libertad de trabajo” e “impedir o estorbar el ejercicio de funciones”.

Nelly Coca, dirigente del cantón Chiquiacá, expresó su preocupación y confusión ante la situación: “YPFB nos está demandando a nosotros, no sabemos qué hacer. Ellos no obedecen lo que las comunidades acordamos. No somos 20 comunarios que estamos obstruyendo, somos todo el cantón en sí”. Coca también denunció irregularidades en el proceso de notificación, señalando que los documentos fueron entregados a personas al azar, incluso con nombres y apellidos incorrectos.

Exigen garantías para activistas

Ante este escenario, Yolanda Herrera ha tomado una postura firme en defensa de los comunarios. “Pedimos el respeto al acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que establece la protección de los defensores del medio ambiente”, declaró Herrera. El Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia, es un tratado internacional que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Herrera enfatizó la importancia de respetar los derechos ambientales de la gente movilizada en Chiquiacá y Tariquía. “Consideramos que es importante que la gente que se ha movilizado tenga las garantías suficientes para ejercer el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de movilización”, afirmó. La defensora de derechos humanos insistió en que el Acuerdo de Escazú establece que la población debe estar informada y convencida de lo que se está planteando antes de que se lleven a cabo proyectos que puedan afectar su entorno.

La activista criticó las acciones de YPFB y Petrobras, acusándolas de “violentar la paz” y provocar enfrentamientos entre los propios comunarios. “Se está quebrando la paz que normalmente tiene que haber en estas comunidades y bajo las cuales, en una reunión, ellos pueden establecer tranquilamente la decisión que tengan que tomar”, explicó Herrera.

Uno de los aspectos más preocupantes del conflicto, según Herrera, es la criminalización y judicialización de los líderes comunitarios. “Hay cerca de 21 dirigentes de la zona que están siendo llevados a la justicia”, reveló. Ante esta situación, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia ha anunciado que acompañará a los dirigentes en este proceso legal, defendiendo lo que consideran un “justo derecho a la información, a la participación y a la protección del derecho al medio ambiente”.

Herrera también hizo hincapié en que la lucha de estos comunarios trasciende los intereses locales: “Nosotros vamos a hacer un seguimiento a los Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para proteger a estos líderes y dirigentes que están luchando por el derecho al medio ambiente, que no sólo es para ellos, es para Tarija, es para Bolivia”.

Por Osmar

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