Natalia López/El Andaluz
Un joven estudiantefue desalojado, este pasado fin de semana, presuntamente de manera injusta de su cuarto en anticrético, sin previo aviso y en condiciones que vulneraron sus derechos. A pesar de haber acordado un pago de 12,000 dólares con el propietario, este no cumplió con el trato y lo echó de la vivienda sin reembolsarle la deuda, como consecuencia, el joven se quedó sin un lugar donde vivir, afectando no solo su derecho a la vivienda, sino también su acceso a servicios esenciales como agua y electricidad.
La situación se complicó aún más cuando el joven descubrió que el propietario había desaparecido. Además, la mujer del mismo lo amedrentó con acusaciones infundadas, según relató el afectado los medios de comunicación. Este tipo de hostigamiento dejó al joven en una situación de desamparo ya que no esperaba ser objeto de una demanda en su contra tras el desalojo; siendo el principal afectado.
A pesar de las circunstancias evidentes de un desalojo arbitrario, el propietario se niega a llegar a un acuerdo con el joven y en lugar de buscar una solución justa, ha optado por iniciar un proceso legal en su contra, lo que añade más preocupación y dificultad a la ya complicada situación del muchacho. Esta negativa a colaborar demuestra un abuso de poder y la falta de responsabilidad por parte del propietario.
Ahora bien el joven está buscando asesoría legal para defenderse, así mismo también argumento que está dispuesto a brindar cualquier tipo de información para esclarecer el hecho y exige que se le devuelva el dinero.La carencia de un marco regulatorio que defienda sus derechos permite que propietarios actúen sin consecuencias. Esta situación no solo impacta al joven afectado, sino que también plantea un problema mayor sobre la defensa del derecho a la vivienda y el acceso a servicios básicos en la población
Osmar