Oscar Andres Tintaya Valdez
El censo de Bolivia realizado el 23 de marzo de 2024 no fue simplemente una encuesta masiva, sino el resultado de un arduo y prolongado proceso que involucró a ciudadanos de todas las edades y regiones del país. Desde los jóvenes hasta los adultos mayores, todos se unieron para responder a las 59 preguntas planteadas, un esfuerzo que no habría sido posible sin meses de preparación y la capacitación exhaustiva de los voluntarios encargados de la recolección de datos.
Este proceso tuvo su origen en el Gran Cabildo de septiembre de 2022 en Santa Cruz, donde más de 200 mil personas, según la Agencia Boliviana de Información, se reunieron para exigir que el censo se realizará en 2023. Sin embargo, la realidad política y social del país complicó este objetivo. Las decisiones tomadas por el gobierno, como la emisión del Decreto Supremo N° 4546, declararon la prioridad del censo, pero no lograron concretar la fecha inicial de noviembre de 2022. En lugar de ello, tras varios meses de tensión y negociaciones, se determinó finalmente realizarlo en marzo de 2024.
El camino hacia esa fecha estuvo lleno de desafíos. La población vivió paros cívicos, manifestaciones masivas, y confrontaciones entre civiles y fuerzas del orden, especialmente en Santa Cruz, donde el descontento fue más palpable. La aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el cerco de alimentos a la ciudad son solo algunos ejemplos de la turbulencia que precedió al censo.
Finalmente, el censo se llevó a cabo, pero los resultados presentados el 29 de agosto de 2024 no cumplieron con las expectativas de muchos. La discrepancia entre las partidas de nacimiento registradas entre 2012 y 2022, que suman 2.8 millones (según datos del INE), y el crecimiento poblacional reportado, que apenas alcanza un millón, ha generado serias dudas. Este desfase no es trivial, ya que los datos censales son fundamentales para la planificación y distribución de recursos a nivel nacional.
En regiones específicas, como Tarija, las cifras son aún más inquietantes. Según el INE, entre 2012 y 2022 nacieron 137 mil personas (según datos del INE), pero la población solo creció en 30 mil habitantes durante el mismo período, un hecho que levanta sospechas sobre la precisión de las estadísticas nacionales. Estas inconsistencias podrían tener consecuencias significativas en la redistribución de escaños y recursos a nivel nacional, afectando directamente la representación política y el desarrollo de las regiones.
Es crucial que estas dudas sean abordadas con transparencia. La precisión en los datos censales no es solo una cuestión de números; es la base sobre la cual se toman decisiones que afectan la vida de todos los bolivianos. Si los datos no reflejan la realidad, corremos el riesgo de perpetuar un ciclo de errores que podría impactar negativamente en el desarrollo del país. Como ciudadanos, debemos exigir que los procesos censales se realicen con la mayor rigurosidad posible, para asegurar un futuro equitativo y justo para todas las regiones de Bolivia.
T-264