Osmar Arroyo/El Andaluz
La concejal municipal de Tarija, Marcela Guerrero indico que la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado al proyecto del mástil, determina responsabilidad civil y penal de servidores públicos municipales.
En la responsabilidad civil se determinó la devolución de casi 170 mil bolivianos a cuentas del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, la que ya se hizo efectivo y en el tema penal se presento una denuncia ante el Ministerio Público, que realiza un proceso y ya se tendría una acusación formal en contra de alrededor de ocho servidores públicos.
Menciono que en el tema civil ya se recuperaron casi 170 mil bolivianos, que ya fueron depositados en la cuenta del Gobierno Municipal en el Banco Unión.
Esos recursos irán a un bolsón único en el tesoro municipal para luego destinarse para obras, agua potable, servicios básicos u otra demanda que se tienen por parte de la población.
El proyecto del mástil que se ejecutó en la gestión del ex alcalde Rodrigo Paz, dijo que no se justificaba la ejecución de esa obra.
Dentro del informe que establece responsabilidad civil, no esta solamente la empresa a cargo del proyecto, también estaban servidores públicos.
En el informe se determina cuánto debe pagar cada uno de ellos, pero reitero que ya se realizó la devolución de esos recursos a favor de la Alcaldía.
Se analizo los materiales que se utilizaron, el diseño de la obra, multas e incluso la pérdida de algunos bienes materiales.
En la acción en materia penal, la concejal indico, que la Contraloría formalizo la acción ante el Ministerio Público.
En el proceso penal que se lleva adelante, se tienen a nueve involucrados, la Contraloría General del Estado como víctima y el resto son servidores públicos investigados.
Indico que en el proceso ya se tiene una acusación formal y se pide que se pueda agilizar, para que se fije hora y fecha para el inicio del juicio oral.
Guerrero señalo que se busca evitar que prescriba y que pase el tiempo y no se tenga una sentencia en contra de los responsables de las irregularidades por la ejecución del proyecto.
La concejal municipal pide que se pueda dar celeridad por parte del juez anticorrupción a cargo del caso y se pueda fijar el día y la hora para el inicio del juicio oral para que se pueda emitir una sentencia y determinar la responsabilidad de cada uno de los investigados.
Los servidores públicos procesados fueron denunciados por la presunta comisión de delitos, de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, negociaciones ilícitas, uso de instrumento falsificado, entre otros.
Remarco que se tratan de varios delitos por los cuales se sigue el proceso penal en contra de los servidores públicos, de quiénes se prefiere mantener en reserva sus nombres, por el momento.
“Queremos que se agilice este proceso, que no prescriba la causa y se dicte sentencia de culpabilidad”, expreso Guerrero.
En el proceso, dijo que la Contraloría General del Estado solicita que se aplique la sanción máxima.
El proyecto fue bastante cuestionado, por su elevado costo y por no priorizar la inversión pública por parte de exautoridades municipales.
Desde el Concejo Municipal, dijo que solo se puede hacer seguimiento a este tema, que esta en manos de la justicia, en cuanto a materia penal se trata.
