Agencias/El Andaluz
El asambleísta departamental de Tarija, Horacio Soruco, ha presentado graves acusaciones de nepotismo y uso indebido de influencias en la Gobernación de Tarija, señalando a varios altos funcionarios. Soruco destacó que estas acciones constituyen un daño lesivo al Estado y que tomará medidas legales para abordar el problema.
“Esto es uso indebido de influencias, y daño lesivo al Estado porque tal como lo hemos dicho tenemos a la directora del Sedeges, María Esther Valencia, al hermano Marco Antonio Valencia trabajando dentro de la Gobernación de Tarija y tenemos al esposo de la directora del Sedeges, Miguel Ángel Escalante,” afirmó Soruco. También mencionó a María Lourdes Vaca, secretaria de Desarrollo Humano, quien tiene a su hermano trabajando en la Gobernación.
Soruco subrayó que, para ellos, estas situaciones representan un claro caso de nepotismo y contratos lesivos al Estado, y que las declaraciones del gobernador, quien parece no considerar estas acciones como nepotismo, no alteran su percepción del problema. “Si para el gobernador esto no es nepotismo, bien por él. Para nosotros esto es uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado,” declaró Soruco
Además, Soruco anunció que presentará una demanda ante la Fiscalía por estos cargos. “El día de hoy vamos a presentar ante la Fiscalía una demanda por uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado porque creo que esto está de buen tamaño,” añadió.
En respuesta a las acusaciones del gobernador sobre el posible nepotismo en la Asamblea, Soruco aclaró su posición y negó cualquier parentesco con la directora administrativa financiera de la Asamblea. “Yo no entiendo que el gobernador hable de que mi tía esté trabajando dentro de la Asamblea pero no tengo ningún grado de parentesco con la directora administrativa financiera, eso hay que dejar bien en claro,” enfatizó.
Las denuncias de Soruco reflejan una creciente preocupación por la integridad y la transparencia en la administración pública de Tarija. La comunidad espera que las autoridades competentes investiguen a fondo estas acusaciones y tomen las medidas necesarias para garantizar que los principios de equidad y justicia prevalezcan en la gestión gubernamental.
