Natalia López/El Andaluz
La Gestora Pública de Bolivia tomó la decisión de fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) utilizando recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), una medida que ha generado controversia y debate dentro del país. Jaime Durán, gerente general de la Gestora, ha defendido esta acción asegurando que confía plenamente en que el Banco Central de Bolivia (BCB) cumplirá con la devolución de los fondos utilizados para este propósito, resaltando la seguridad y rentabilidad de las inversiones realizadas.
En detalle, la operación incluyó la compra de bonos emitidos por el BCB por un monto de $us 200 millones, así como bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) por Bs 1.715 millones y $us 50 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esta estrategia se implementó en respuesta a la necesidad de incrementar las reservas internacionales del país, especialmente ante la caída observada recientemente.
A pesar de las críticas recibidas por utilizar fondos destinados a las pensiones para fortalecer las reservas estatales, Durán ha enfatizado que los bonos del BCB ofrecen un atractivo interés del 6,5% anual a tres años. Según sus declaraciones, esta inversión está diseñada para minimizar riesgos financieros, respaldada por la sólida reputación del Banco Central en términos de cumplimiento de sus compromisos financieros a lo largo del tiempo.
En términos de impacto para los jubilados, Durán destacó que las inversiones han mejorado significativamente los rendimientos para las pensiones administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Antes de la operación, los rendimientos promedio eran del 2,76%, mientras que ahora han aumentado a un 4,11%, lo que representa una mejora considerable en los beneficios esperados para los futuros jubilados en Bolivia.
La Gestora Pública sostiene que la medida adoptada para reforzar las RIN con fondos del SIP ha sido estratégica y beneficiosa, tanto en términos de estabilidad económica como en el fortalecimiento del sistema de pensiones. Aunque genera debate, la decisión se fundamenta en asegurar un retorno favorable para los aportantes al sistema de pensiones y en contribuir a la estabilidad financiera del país a largo plazo.
