Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
Ante las denuncias que se dieron a conocer los últimos días por casos de discriminación a niños con autismo en unidades educativas en Tarija, el Viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, dejó en claro que ningún plantel educativo, ya sea público o privado, puede discriminar a estudiantes por situaciones de salud o discapacidad, advirtiendo con severas sanciones a los infractores.
Silva fue enfático al señalar que negar el acceso a un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), autismo u otra condición similar, constituye una vulneración al derecho constitucional a la educación. “Ningún niño, ninguna persona puede ser discriminada por alguna situación física o de salud. Todas las unidades educativas, indistintamente si son públicas o privadas, tienen la obligación constitucional de brindar el servicio de educación en favor de toda la población”, enfatizó.
Ante eventuales casos de discriminación, el Viceministro instó a los padres de familia a presentar sus denuncias ante el Ministerio de Defensa al Consumidor o las direcciones departamentales de Educación. “Si no se hace eco de estos reclamos, nosotros vamos a presentar la denuncia por discriminación, por maltrato y por vulnerar uno de los derechos fundamentales que es la educación”, aseguró.
Silva explicó que, cuando se cometen delitos de discriminación, se inicia un proceso penal con las sanciones establecidas en el Código Penal. Sin embargo, cuando se trata de una infracción administrativa, es decir, no acatar una resolución ministerial, la sanción puede llegar hasta el 10% de los ingresos brutos mensuales de la unidad educativa infractora.
“Si un colegio recauda mensualmente un millón de bolivianos por pensiones escolares, puede ser sancionada hasta con 100.000 bolivianos, que representa el 10%. Y esta sanción se aplica de carácter mensual”, detalló el Viceministro.
En el caso de planteles educativos fiscales, donde no se cobran pensiones, Silva advirtió que cualquier cobro irregular no autorizado debe ser denunciado para que se sancione al personal administrativo o a la junta escolar responsable.
Además, el Viceministro enfatizó que, indistintamente de si se trata de una unidad educativa fiscal o privada, cualquier padre, profesor u otra persona que cometa algún acto de discriminación o abuse de un estudiante puede ser procesada penalmente por vulnerar la Constitución y las leyes vigentes.
