Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
Herbert Quispe, dirigente campesino de Uriondo, ha denunciado que la gestión del ex gobernador de Tarija, Adrián Oliva, destino recursos públicos en la ejecución de dos plantas de producción que permanecen paralizadas.
La controversia gira en torno a la instalación de una planta de producción de tuberías de PVC y otra de elaboración de mermeladas y jugos, proyectos que involucraron a seis comunidades de los municipios de Uriondo y Cercado, beneficiarias del Programa Solidario (PROSOL).
Según denunció Quispe, en 2018, las autoridades comunales y los comités de beneficiarios del PROSOL de estas seis comunidades fueron utilizados para firmar todos los desembolsos correspondientes a los recursos destinados a estas obras.
“Lamentablemente, en 2018, lo que se ha hecho es utilizar a los beneficiarios del PROSOL de seis comunidades, cuatro de Uriondo y dos de Cercado, a los comités y autoridades comunales, para que puedan firmar todos los desembolsos correspondientes a los recursos”, manifestó el dirigente campesino.
Quispe aseguró que la administración del exgobernador Adrián Oliva, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, se encargó de realizar los contratos de compra y adquisición de las maquinarias importadas desde Europa, sin contar con un perfil de proyecto ni un estudio previo que respaldara la ejecución de estas plantas.
“Es una situación lamentable. No ha habido ni siquiera un perfil de proyecto, no ha habido ni siquiera un estudio, por decirlo así, para que puedan ejecutarse estas plantas”, denunció.
Según los datos proporcionados por el dirigente campesino, entre 2018 y 2020, se desembolsaron alrededor de 8 millones de bolivianos para la ejecución de estas dos plantas de producción, sin contar con un proyecto sólido que sustentara la inversión.
Las comunidades involucradas en el caso de la planta de tuberías de PVC son Pampa la Villa Chica, Calamuchita, Santana la Nueva y Santana la Vieja, pertenecientes a los municipios de Uriondo y Cercado.
Quispe expresó su consternación por el hecho de que, hasta el momento, ninguna autoridad haya iniciado un proceso por daño económico al Estado, pese a la evidente paralización de estas costosas obras.
“Nadie ha iniciado un proceso por daño económico al Estado, por ejemplo, hasta ahora nadie. Nosotros esperamos que nuestra Asamblea Departamental haga su trabajo correspondiente, a la misma gobernación que actúe de oficio”, exigió el dirigente.
Quispe hizo un llamado a la Asamblea Departamental y a la actual administración de la Gobernación para que asuman su rol de fiscalización y den seguimiento a este caso, iniciando las acciones legales pertinentes para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.
