Osmar Arroyo/El Andaluz
El presidente del Comité Cívico de Yacuiba, Henry Medrano informó a El Andaluz que aún no recibieron una respuesta del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba sobre el proyecto de construcción de la Terminal de buses en Yacuiba y la obra continúa paralizada.
Mencionó que se convoca para este jueves a una asamblea de instituciones, en donde se abordará el tema de la paralización de la obra y se emitirá un pronunciamiento por parte de las instituciones cívicas.
Lamentó que a la fecha no se tenga una respuesta oficial por parte del municipio sobre el proyecto, que continúa paralizada y genera perjuicios.
En una anterior entrevista, Medrano indicó que la obra se encuentra paralizada, por la deuda que se tendría de los predios en el pago de impuestos municipales y la posición del Gobierno Municipal para permitir que se continúen con los trabajos, estaría entorno al cumplimiento del pago de los impuestos.
Los terrenos en donde se construye la obra, se encuentran registrados a nombre de la familia Portillo, quienes habrían cedido parte de los terrenos que tienen para que se construya el proyecto.
Se mencionó que la deuda por el pago de impuestos municipales ascendería a un aproximado de 260 mil bolivianos.
Medrano dijo que el Comité Cívico esta convocando a una asamblea para este jueves, ahí se tocara el tema de la paralización del proyecto de la construcción de la nueva terminal de buses de Yacuiba.
También se abordarán otros temas en la asamblea, para que las instituciones de Yacuiba puedan fijar una postura, que estará reflejado en un documento que saldrá de la asamblea.
El presidente cívico dijo que les preocupa que el resto de las instituciones no se manifiestan sobre los diferentes problemas que se presentan en la región chaqueña.
Se propondrá sacar un pronunciamiento entre todas las instituciones, un documento para emplazar a la Alcaldía que de una vez pueda permitir que se reinicien los trabajos en la obra.
Dijo que este jueves, también se abordará entre los puntos a tratar, el proyecto de ley que presentaron legisladores departamentales de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos, referente a una modificación en la distribución de las regalías en el departamento, lo que considera que no es posible, aunque reconoció que están en todo su derecho de hacer el planteamiento.
Envían informes del proyecto a la UPRE
La vicepresidenta de la Asamblea Regional del Gran Chaco, María René Barrios indicó a El Andaluz que la falta de voluntad política por parte de las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba y el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, hace que la obra continue paralizada.
Considera que las dos autoridades deben sentarse y resolver el tema.
Remarcó, que los dueños de ese terreno, en donde se construye la terminal de buses, sigue siendo la familia Portillo.
Mencionó que la familia esta urbanizando todo ese sector y también dijo que por otro lado se tiene una demanda interpuesta por una vecina ante el juzgado agroambiental, por daños ambientales.
Barrios dijo que desde la Asamblea Regional se ha hecho el informe en base a la última fiscalización que realizaron al proyecto.
No pudieron ingresar al interior de la obra, porque se encontraba precintada y se pidió a las autoridades que viabilicen una solución.
Indicó que se ha enviado una carta a la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), siendo que el proyecto es ejecutado por el gobierno nacional y el gobierno regional.
En la carta se hace notar la preocupación por la paralización de la obra y se adjuntó todos loos informes de forma detallada.
Recordó, que gran parte de los recursos económicos para ejecutar el proyecto que hasta el momento se han invertido son de la UPRE.
Recordó, que no es la única obra con ese tipo de problemas, que el proyecto del matadero también presenta el mismo problema, que no tiene derecho propietario de los terrenos.
La vicepresidenta de la Asamblea Regional dijo que tiene constancia, que en la pasada gestión ya se ha observado este tema, pero dijo que la pregunta es quién dio la orden de inicio de los trabajos.
El proyecto estaba en disputa antes de ejecutarse, entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Regional, por parte de las exautoridades.