Presidente de la AMB pedirá al presidente Arce que apruebe por decreto  el Presupuesto General reformulado

Agencias/El Andaluz

En conferencia de prensa el alcalde de la ciudad de Tarija, Johnny Torres, Terzo, en su calidad de presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), informó que los alcaldes de capital de Bolivia se declararon en emergencia ante la no aprobación del  el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado de este año y la detención del alcalde de la Paz, Iván Arias. Por lo que en caso que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP),  no apruebe el PGE solicitaran al presidente Luis Arce Catacora, que por decreto apruebe el mencionado presupuesto.

Torres Terzo,  cuestionó la actitud política de la bancada del MAS que se dividió y prefirió la pelea entre ellos. Al mismo tiempo aseveró que sin los recursos adicionales  del presupuesto General del Estado, las Alcaldías no podrán cerrar el año. En primer instancia solicitaran una reunión con la APL.

“En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no se debió rechazar el PGE reformulado y se debió pensar más en el país. Primero están los municipios y sus autonomías porque necesitamos inyectar recursos económicos para la gente. Este tema ya lo habíamos hablado en el Consejo Nacional de Autonomías, yo como alcalde y como presidente de la AMB, me opongo a los artículos adicionales que lo único que haces es facilitar la persecución política”, dijo Torres Terzo, quien se trasladóa a la ciudad de La Paz para tratar el mencionado tema.

La autoridad mencionada manifestó que la AMB, FAM y otras organizaciones autonómicas apoyarán la aprobación por decreto para disponer de los fondos necesarios y concluir la gestión de este año. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por mayoría de votos rechazó la madrugada del pasado martes el proyecto de modificaciones al Presupuesto General del Estado de este año.

Finalmente y con relación a la situación del alcalde Arias, se manifestaran ya que la autoridad municipal de La Paz fue sentenciado a detención domiciliaria por un presunto hecho de acoso político. Los alcaldes manifestaron su molestia ante tal situación.

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