Willam Octavio Flores/EL ANDALUZ
En un congreso extraordinario de juntas de padres de familia a nivel nacional, celebrado del 10 al 11 de noviembre, los presidentes de las juntas de padres de familia a nivel nacional y las juntas de distrito firmaron una resolución exigiendo la renuncia del Ministro de Educación y el Viceministro, por su intervención indebida en la organización.
La primera determinación de la resolución se centra en la exigencia de la renuncia del Ministro de Educación y el Viceministro debido a su convocatoria de representantes ajenos a la organización, faltando al respeto y desconociendo las resoluciones previas del Congreso Ordinario de 2022. Además, denuncian la creación de organizaciones paralelas a la nueva Junta Nacional de Padres de Familia, elegida este año, liderada por la señora Ana Laura.
«Exigimos el respeto a la institución y a nuestra autonomía para elegir nuestras autoridades. La actitud divisionista del Ministro nos lleva a declararnos en estado de emergencia a nivel nacional, reservándonos el derecho a la protesta constitucionalmente establecida y, si es necesario, a iniciar medidas de presión para proteger nuestra institución», expresó Marco Ortega, dirigente de los padres de familia en Tarija.
La molestia de los padres de familia se centra en las acciones del Ministro de Educación, quien, según afirman, está coordinando con dirigentes que ya han cumplido su gestión, creando tensiones y organizaciones paralelas. Ortega insta a los padres de familia de base a cumplir con la resolución del Congreso y a exigir la renuncia del Ministro de Educación.
Adicionalmente, se informa que la presidenta nacional de la Junta de Padres y Madres de Familia, Ana Laura, ha presentado una denuncia penal contra el Ministro Edgar Pary Chambi por tráfico de influencias, alegando conexiones familiares con empresas. Este desarrollo ha llevado a la comunidad de padres de familia a solicitar al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia tomar medidas, incluida la destitución del Ministro.
La situación ha generado una respuesta inmediata de los padres y madres de familia de colegios privados a nivel nacional, quienes han presentado una denuncia formal contra el Ministro de Educación, exigiendo la destitución de su cargo bajo principios constitucionales de transparencia e imparcialidad.
La tensión persiste en el ámbito educativo, y se espera que los padres de familia continúen manifestándose para hacer valer sus demandas y resguardar la integridad de la institución educativa en Bolivia.
