Osmar Arroyo/El Andaluz
La senadora Nelu Gallo, presidenta de la Comisión de Naciones, Pueblos Indígena Originario Campesino e Intercultural de la Cámara de Senadores, indicó que este viernes se tendrá la audiencia de la acción popular que se presentó, para exigir que se restituyan los derechos vulnerados por la contaminación en el río Pilcomayo.
Señaló, que se preparan los alegados para la audiencia y también se tiene la participación de terceros interesados.
Mencionó, que comenzó a aparecer más información sobre el tema, mucha más documentación que develan la realidad del río Pilcomayo.
Se presentaron como últimas pruebas, nueva documentación, esperando que se genere conciencia en los vocales y que se actúe dentro del marco de derecho.
Entre las acciones realizadas, se apersonaron terceros interesados, también se presentaron nuevas pruebas, información, experiencias de personas afectadas por esta situación.
Informes donde se devela el nivel de contaminación en peces y en la salud de la población, de los pueblos indígenas, en donde se registra un mayor impacto de la contaminación.
Resaltó, que se identificaron dos tipos de problemáticas en el río Pilcomayo, uno aguas arriba, con la actividad minera y la contaminación de las aguas y los peces, el segundo problema aguas abajo, por las infraestructuras construidas en territorio argentino y paraguayo, que evitan la migración natural de los peces aguas arriba, hacia territorio boliviano.
La senadora, remarcó y dijo que buscan rescatar las aguas del río Pilcomayo, su biodiversidad.
El primer paso que se da es sobre la contaminación de la actividad minera, en la cabecera del río y dio que luego se seguirá trabajando sobre la problemática a nivel internacional, sobre las infraestructuras construidas en el lecho del río.
Ilegalidad en la actividad minera
La senadora Gallo en una anterior entrevista indico que hay muchas empresas ilegales que están dentro de la actividad minera y obviamente estas empresas no cumplen con ningún tipo de parámetro de control.
Las que supuestamente son legales, en algunos casos, dijo que no cumplen con la actualización de los parámetros en las licencias ambientales.
Tampoco cumplen con lo establecido en la remediación de los daños ambientales.
El tener que determinar quienes son empresas legales o ilegales dentro de la actividad minera, será después de una evaluación legal del tema.
Reiteró, que se espera que se otorgue la tutela de la acción popular y que se actúe de acuerdo a derecho y se pueda restituir todos los derechos medioambientales vulnerados de los pueblos indígenas que están siendo afectados en el medio ambiente, salud y también en su economía.
Pliego de peticiones en la acción popular
En una anterior entrevista, la secretaria concejal de la directiva del Concejo Municipal de Tarija, Marcela Guerrero, autoridad que se adhiere a la acción popular, informó que con la acción se hace varias solicitudes, entre las principales, la restitución de los derechos vulnerados.
Explicó, que con la acción popular se solicita a los vocales de la sala constitucional entre los primeros puntos, la reparación de los derechos vulnerados, que se conceda la tutela de la acción.
Se pide que se reconozca al río Pilcomayo como sujeto de derechos y que se ordene la suspensión o paralización de toda actividad minera que se desarrolla a lo largo del río Pilcomayo.
Que se verifique el daño ambiental provocado, que se revise los contratos administrativos mineros.
También se solicita que se haga un estudio con enfoque multisectorial a lo largo de todo el río Pilcomayo.
Se solicita que se notifique a las cooperativas mineras que operan en el río Pilcomayo o zonas aledañas y que no cuentan con una licencia ambiental.
Que se paralice todo tipo de actividad de manera inmediata.
Guerrero mencionó que también se pide que el Ministerio de Minería cumpla con las recomendaciones de forma obligatoria en el marco de la responsabilidad que tienen.
Piden reparar el daño, la afectación a especies nativas, fauna y flora en el río Pilcomayo.
La contaminación del aire, de los recursos hídricos, por la contaminación con metales pesados, cobre, arsénico, mercurio, que además, provocan daños a la salud.
Se solicita que se realice un verdadero proceso de consulta previa, vinculadas a la protección de comunidades en su territorio.
Que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua presente informes complementarios, que se garantice la participación de todas las organizaciones sociales, sobre todo de los afectados directos.
También se pide que se remita antecedentes ante el Ministerio Público, tomando en cuenta que la contaminación es un delito que esta establecido en el código penal, como delito ambiental y se tienen que establecer responsabilidades.
Con la acción popular, Guerrero explicó que también se solicita que se ordene a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera AJAM de realizar en coordinación con la Policía y Fuerzas Armadas controles para evitar la proliferación de la minería ilegal.
