En medio de la polémica por la sentencia constitucional que anula algunos artículos de la ley ambiental que protege los parques y reservas naturales de Santa Cruz, la senadora Cecilia Requena advirtió que el Gobierno pretende entregar tierras de áreas protegidas a sectores afines.
La legisladora de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) cuestionó al Tribunal Constitucional Plurinacional y consideró que “tiene licencia para matar o para herir de muerte” las reservas naturales del país.
”Ya lo ha hecho con la democracia y ahora lo hace con el agua, con nuestra naturaleza, con nuestras capacidades de resiliencia climática. Es de no creer lo que ha hecho este tribunal”, sostuvo.
En su criterio, el TCP intentó “diferenciar patrimonio natural de áreas protegidas, diciendo que son cosas distintas”. Eso -aseguró- “es un absurdo técnico”.
La legisladora considera que en el fondo el Constitucional “quiere establecer” que “ni Santa Cruz, obviamente, ni ningún otro departamento, no tiene derecho de tratar de conservar y proteger su patrimonio natural, algo que sí les reconocen, pero no les reconocen el derecho de crear áreas protegidas”.
“Eso afecta a todos los departamentos y por supuesto que eso es un grave atentado contra el bien común, en este caso el agua”, sostuvo.
El ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que el recurso fue presentado por el entonces vicepresidente Álvaro García Linera en 2017 y deslindo responsabilidad del Gobierno de Luis Arce.
En criterio de la legisladora, el gobierno del MAS tiene la intención de “poder entregar y dotar tierra sin tomar en consideración criterios ambientales fundamentales como son los del agua y el caso de la carretera de la que estamos hablando, tiene todo que ver con este problema”.
Sentencia y Constitución
“Entonces, el TCP ha generado una sentencia que viola la propia Constitución, los principios de la Constitución, viola el principio del bloque constitucional de, por ejemplo, acuerdos como el de cambio climático, el de biodiversidad”, sostuvo Requena.
Sin embargo, considera que “hay todavía cosas que hacer porque le da a la Asamblea Legislativa una tarea que es la ley de patrimonio natural”.
En ese misma línea, el ministro Lima explicó que “la sentencia exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a sancionar la Ley del Patrimonio Nacional, prevista por el artículo 346 de nuestra Constitución Política del Estado, hace más de 13 años”.
Acciones
Requena anunció que “asumimos ese desafío para terminar de aclarar que no pueden diferenciar patrimonio natural de áreas protegidas tan ridículamente como han hecho y para corregir esta barbaridad”.
Sin embargo, “obviamente no son revisables estos fallos, pero vamos a buscar todas las formas de corregir para que nuestro país, lejos de ir al precipicio y seguir yendo al precipicio donde estamos, vaya por fin a cuidar, por ejemplo, sus fuentes de agua, que son sus bosques en última instancia”.
La senadora opositora insistió en que este tipo de decisiones judiciales están en consonancia con “una estrategia política de ocupación territorial, distribuyendo tierras de manera lamentablemente mafiosa, y sin tomar en cuenta el ordenamiento territorial”.
En su criterio, “Bolivia no tiene una ley de ordenamiento territorial, y por eso pueden tener ideas absolutamente delirantes, como hacer carreteras encima de acuíferos, o encima de la fuente de las aguas, como es el propio Parque Nacional Amboró, así como quisieron hacer el camino por el medio del TIPNIS en la misma situación, destruyendo todos los equilibrios hídricos de la región”.
Denuncia
Requena denunció que similares acciones se buscan impulsar en otras áreas protegidas, entre ellas el Parque Nacional Madidi de La Paz.
“Entonces, este Gobierno que tanto habla de la Pachamama y de la Madre Tierra es un Gobierno ecocida”, afirmó.
En esa línea, argumentó que el Gobierno “básicamente no tiene una visión apta para el siglo XXI y tiene presiones de sus clientelas políticas que lo que quieren desesperadamente es tierra, es derechos mineros”, lo que representa es “una visión completamente depredadora” que “nos va a llevar al desastre”.
“Es una barbaridad que Santa Cruz hoy esté más expuesta y no menos expuesta para proteger su medio ambiente y de hecho esto implica una violación del principio de no regresión ambiental, que incluso ya estaba establecido en un fallo de este mismo tribunal de 2019, que dice que cuando una norma no se aplica, ya es una violación del principio de no regresión ambiental”, sostuvo.
Requena puntualizó que “así como en derechos humanos no se retrocede, en protección ambiental tampoco se debería retroceder. Y este fallo nos hace retroceder, no solo a Santa Cruz, sino a todo el país”.
“El Tribunal Constitucional tiene derecho para matar y tiene una impunidad espantosa. Es una institución que ha terminado siendo monstruosa realmente”, subrayó.
Ante este panorama, lo que le queda a la sociedad civil y a todas las fuerzas sociales y políticas con conciencia a dar la batalla puesto que queda “toda la argumentación técnica que es irrebatible”, reflexionó la legisladora que añadió que ahora, “es imposible que un Gobierno quiera, respetando el medio ambiente, hacer una carretera por donde quería hacerla, habiendo además alternativas más baratas. Así que lo que hay que hacer es dar la batalla a partir de los argumentos técnicos que demuestran que ese es un despropósito en términos de equilibrios hídricos de la región, y por tanto de equilibrios ecológicos y sistémicos”
“Porque al final, si falta agua, hay problemas sociales, hay problemas políticos, hay problemas económicos, por eso digo que es sistémico”, argumentó.
“Esto es importante, la carga de la prueba y la responsabilidad está en el Gobierno central. Y vamos a ver si el Gobierno central decide, como están diciendo, que no hay evidencia”, sostuvo.
