Un documento de la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, denominado ‘América Latina – Panorama Bancario por país’ destaca que las leyes en Bolivia que norman los créditos y el bajo crecimiento de la economía son factores que influyen en el riesgo bancario del país. A los dos aspectos anteriores se suma la pandemia, cuyos efectos aún se sienten en la economía, pero que deberían disminuir en el segundo semestre del año.
“Es probable que el otorgamiento de crédito exigido por el gobierno intensifique la competencia y reduzca los márgenes entre los bancos locales. Esto se debe a que la ley regula el techo de las tasas sobre los créditos y requiere que los bancos cumplan con cuotas mínimas de créditos dirigidas a los compradores de vivienda de interés social y a los sectores productivos, como agricultura, minería, manufactura y turismo”, señala parte del documento de Standard & Poor’s.
La calificadora puntualiza que las leyes en Bolivia alientan el crecimiento del volumen del crédito y la concentración en sectores cíclicos con préstamos grandes y duraciones más largas para que los bancos cumplan sus objetivos, “lo que podría aumentar los riesgos crediticios en el sistema”.
Sobre el crecimiento económico sostiene que se desacelerará alrededor del 2% para este 2023, explicando que es probable que la inversión privada y la inversión extranjera directa se mantengan bajas.
Sostiene también que las pérdidas crediticias de los bancos seguirán creciendo; sin embargo, considera que el impacto debería ser manejable por las políticas conservadoras de provisiones de los bancos y la alta proporción de créditos garantizados.
“Aún así la dura competencia para asignar créditos y los estándares de originación podrían derivar en más pérdidas crediticias en próximos años”, señala el documento.
Sobre los desafíos, la calificadora sostiene que el Gobierno tiene que enfrentar la debilidad de las instituciones públicas, los altos niveles de corrupción y la alta polarización política, “un obstáculo para la consolidación fiscal”.
También tiene que atender las vulnerabilidades externas ante la menor confianza pública en la sostenibilidad del régimen de tipo de cambio y “debido a las bajas exportaciones de gas natural”.
El alto endeudamiento de las empresas y concentración del crédito de los bancos, son aspectos que el Gobierno debe considerar.
Finalmente cita que las cuotas de financiamiento regulatorio y los limites a las tasas de interés han impulsado un rápido crecimiento del crédito entre los sectores productivos, lo que podría derivar en altos niveles de deuda.