Consideran como una afrenta a la Asamblea Legislativa nueva posesión de Eduardo Del Castillo

Osmar Arroyo/El Andaluz

En pasados días, en una interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo fue censurado por más de dos tercios.

La normativa indica que cuando una autoridad es censurada en la instancia legislativa, debe ser destituido del cargo.

El diputado por Comunidad Ciudadana, Adrián Vega indicó a El Andaluz que el pasado miércoles por la tarde, recién presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional envió una nota formal al presidente Luis Arce para poner en conocimiento de la autoridad sobre el acto de interpelación y la censura en contra del ministro.

En la pasada jornada el presidente Arce destituyó a Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno, pero unas horas después lo volvió a posesionar como ministro de Gobierno.

Vega remarcó que la censura que se hizo en la Asamblea Legislativa fue por más de dos tercios de los votos que se requerían.

Dijo que esta por demás claro, que la autoridad nacional no cumplió con su trabajo en el tema de los vehículos indocumentados que ingresan al país.

Remarcó, que desde Comunidad Ciudadana se pidió que se excluya a Eduardo Del Castillo del gabinete ministerial, no solo por el tema de los vehículos indocumentados, también por la escasa gestión que hizo la autoridad desde su cartera de Estado.

Reiteró que no se trata de un solo tema, por el que se convocó a Eduardo Del Castillo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El legislador nacional indicó que Eduardo Del Castillo en su paso por la Asamblea Legislativa en muchas interpelaciones, las que han terminado a golpes entre parlamentarios.

Vega dijo que se exigirá al presidente que haga caso al primer órgano del Estado, que pueda alejar a Del Castillo del gabinete ministerial.

Si bien, el presidente Arce destituyó del cargo a Eduardo Del Castillo, anoche lo volvió a posesionar como ministro de Gobierno.

A nivel nacional se ha denunciado varios casos de vehículos que fueron donados por el Gobierno a instituciones públicas y organizaciones sociales, las que estarían con reporte de robado en otros países.

Vega indicó que Del Castillo habría indicado en la interpelación que tiene contacto directo y en tiempo real con autoridades de otros países para hacer la repatriación de los vehículos,  para cruzar información sobre el tema de denuncias, sobre los vehículos que ingresan a territorio boliviano.

Para Adrián Vega esto en realidad no se aplica, puesto que en medios de comunicación, dio que se afirma que el parque automotor de vehículos indocumentados que ingresan por la frontera a Bolivia desde Chile son muchos más de los datos que se manejan por el Gobierno nacional.

Comunidad Ciudadana esperaba que otra persona asuma el cargo de ministro de Gobierno, para generar cambios en cuanto a la lucha con el tráfico de vehículos y otros bienes que ingresan por la frontera.

Para Vega la nueva posesión de Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno, es una muestra más de autoritarismo por parte del Gobierno del Movimiento al Socialismo.

Remarcó que la nueva designación del ministro de Gobierno a una persona que ha sido destituida por el primer órgano del Estado, muestra una afrenta directa contra el órgano legislativo.

Recordó que existe una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que señala que luego de una interpelación y un voto de censura, se debería destituir a la autoridad en un plazo máximo de un día.

Reiteró que la decisión del presidente Arce, parecería una afrenta a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, a la máxima representación del pueblo boliviano, puesto que tiene parlamentarios de todos los departamentos del país, de todas las circunscripciones que dieron su voto de censura, porque no se cumple con el trabajo.

Considera que existe negligencia en sus funciones por parte de Eduardo Del Castillo.

Para Vega la decisión del presidente Arce, podría ser por el temor que tiene a que se pueda develar temas mucho mayores, como la represión policial, o los casos de los narcovuelos, la lucha contra el narcotráfico, entre otros.

Según Vega, para el presidente Arce las cuestiones políticas partidarias, pesan mucho más que cumplir con la normativa del país.

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