Osmar Arroyo/El Andaluz
Tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público, por el presunto delito de explotación ilegal de recursos minerales en la comunidad de Huarmachi en el municipio de El Puente, ayer se instaló la audiencia de medidas cautelares en contra del imputado Saúl Perales.
La juez de San Lorenzo determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva en contra del imputado, entre ellas, no podrá acercarse a la zona denominada Huarmacheña en donde se explotaba minerales y tampoco podrá cambiar de domicilio, entre otras medidas.
Si bien, el imputado presentó una solicitud de autorización ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en Tupiza, la autorización aun no fue efectivizada, pero se iniciaron con las actividades mineras sin contar con una autorización legal.
El representante legal de la Federación de Mineros del Sur de Bolivia, David Romero Miranda llegó hasta la ciudad de Tarija para hacer seguimiento del proceso y después de la audiencia indicó que se hará seguimiento al tema también en la AJAM sobre el área de reserva minera.
Buscarán que el área quede libre, por lo menos eso dijo que se solicitará a las autoridades.
También mencionó que tiene previsto una reunión con el nuevo ministro de Minería y Metalurgia, Marcelo Quispe.
Dijo que grabó la audiencia y que tranquiliza un poco las medidas impuestas en contra del imputado.
“Se ha hecho algo por lo menos”, expresó el representante de la Federación de Mineros, señalando que las medidas debían ser un poco más duras.
“La administradora de justicia tenía que ser más tajante”, apuntó.
Dijo que se presentaron las pruebas necesarias en este proceso, recibos que el imputado ha pagado.
Explicó que Saúl Perales (imputado) ni si quiera presentó el formulario 101, formulario que se presenta de manera indispensable en la actividad de acuerdo a lo establecido en la normativa sobre la actividad minera.
Por su parte, el representante de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Tarija (Fedecomin), Josue Ramos dijo que la audiencia no fue presencial y que se llevo a cabo de manera virtual.
Remarcó, que la denuncia se ha presentado por los mismos comunarios de la zona de explotación de minerales, en la comunidad de Huarmachi.
Mencionó que representantes de la AJAM Tupiza se hicieron presentes en la audiencia.
Reiteró, que en el caso que lleva adelante el Ministerio Público se presentaron las pruebas necesarias sobre la denuncia por el presunto delito de explotación ilegal de recursos minerales.
Se hará el seguimiento de cerca del proceso penal que lleva adelante la justicia para que se haga justicia con el tema de la minería ilegal.
Sobre la determinación que el imputado Saúl Perales no podrá acercarse a la zona en donde se explotaba minerales, denominado Huarmacheña, Ramos dijo que se conoce que también estaría explotando minerales en otras zonas.
Dijo que se adjuntará todas las pruebas necesarias también sobre las otras zonas explotadas y en las que tampoco contaría con una autorización legal por parte de la AJAM.
Esperan que se haga justicia, para que se tenga en Tarija una actividad minera legal y responsable.
La diputada por Comunidad Ciudadana, Esther Sánchez quién hace seguimiento al tema desde años pasados, indicó a El Andaluz que están algo contentos, porque si bien se aplicaron medidas en contra del imputado, considera que éstas debían ser más fuertes.
La legisladora nacional, también comprometió realizar seguimiento a este tema para evitar de que la minería ilegal se incremente en el departamento de Tarija.
Aclaró, que no están en contra de la minería en Tarija, pero se busca que las cosas se hagan de manera legal, que se haga lo correcto.
Además, de las medidas y el proceso que se sigue en la justicia, Sánchez dijo que la AJAM Tupiza es la instancia encargada y tiene la obligación de aplicar las sanciones que correspondan en caso de la minería ilegal.
Recordó que las denuncias llegaron hasta la AJAM Tupiza sobre la actividad ilegal registrada en la comunidad de Huarmachi.
Según la denuncia presentada, se explotó minerales durante tres años por parte de la empresa de Saúl Perales, sin contar con la autorización legal, por lo que el departamento de Tarija no percibió regalías mineras por la explotación de esos recursos.
