Piden a la Fiscalía investigar traslado de vehículos indocumentados con precinto del Ministerio de la Presidencia

Osmar Arroyo/El Andaluz

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Adrián Vega informó a El Andaluz que ayer formalizó una nota dirigida a autoridades de la Fiscalía de Tarija, para que se intervenga y se investigue el traslado de 12 vehículos indocumentados, que tenían el precinto del Ministerio de la Presidencia y eran transportados por personas particulares.

Remarcó que ayer se ha formalizado mediante una nota a la Fiscalía, el pedido para que se intervenga con una investigación de oficio sobre el caso denunciado en semanas pasadas.

Recordó, que 12 vehículos indocumentados eran transportados y tenían el precinto del Ministerio de la Presidencia y estaban a cargo de personas particulares.

Mencionó que también se hizo una solicitud de Petición de Informe Escrito (PIE) dirigida a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, para que informe sobre esta situación.

Indicó que la autoridad nacional debe informar, no sólo por lo ocurrido en Tarija, también debe explicar como es el actuar del Ministerio de la Presidencia con todos los vehículos incautados en el país y que se disponen libremente por la cartera de Estado.

Vega dijo que se quiere conocer que criterios se toman para la donación de estos vehículos, porque en el caso de Tarija, no se entregaron a instituciones públicas, no se entregaron a instituciones de bien social y más bien se entregó a personas particulares, con el único requisito de ser militantes del Movimiento al Socialismo (MAS).

El legislador nacional dijo que solo en el primer trimestre de este año, la incautación de vehículos supera los 80 millones de bolivianos.

Resaltó, que no se tratan de montos menores y que el Ministerio de la Presidencia dispone de varios vehículos incautados de manera libre.

Las incautaciones se realizan todos los días, en todos los departamentos del país.

Entre enero y marzo de este año, dijo que el monto específico por la incautación de cientos de vehículos asciende a 86.442.773,00 (Ochenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos setenta y tres bolivianos).

Son montos gigantescos, de cientos de movilidades incautadas, de los que el Ministerio de la Presidencia dispone.

Vega dijo que Tarija es un ejemplo, de la forma en la que se disponen los vehículos incautados, que se regala a personas con el único requisito de ser militantes del MAS.

Esta situación, indicó que llama la atención y explicó que el hecho que esta situación este enmarcada en algunas normas, no significa que sea lo correcto o que se este actuando bien.

Remarcó, que no se habla de incautación de comestibles o de algún alimento, que en algunos casos luego pasan a hospitales, centros de salud, hogares de niños o al Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) para la labora social que realizan.

En este caso se habla de vehículos que pasan personas particulares y que bajo ningún criterio técnico, social o jurídico, se dispone libremente de estos motorizados.

El legislador nacional dijo que muchos de esos vehículos ingresan de manera ilegal al país, en algunos casos son reportados como robados en otros países y que el Gobierno regulariza su situación legal entregando los motorizados como regalos a personas particulares, a dirigentes.

Recordó que el año pasado un diputado del MAS en Potosí, regaló un vehículo indocumentado a un dirigente campesino.

También mencionó que Evo Morales, alega que cuando vuelva a ser presidente del país, nacionalizará los autos indocumentados, a cambio de votos a su favor.

Adrián Vega mencionó que de la misma manera, una diputada de La Paz declaró que en las comunidades dejaron de utilizar mulas y ahora utilizan vehículos indocumentados para el traslado de sus productos.

El diputado por CC solicita toda es información a la ministra de la Presidencia, María Nela Prado.

Se quiere conocer los criterios que se manejan para hacer estas donaciones, que no son a instituciones, que tampoco es para el trabajo social, o para instituciones públicas, la Defensoría del Pueblo o para hospitales, que se entrega a personas particulares.

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