Osmar Arroyo/El Andaluz
El diputado por el departamento de Chuquisaca, Walter Pablo Arizaga Ruiz indicó a El Andaluz que desde un inicio hubo descuido por parte de las autoridades, falta de atención por parte del ejecutivo nacional, tras la rotura del muero del dique de colas en julio pasado en el departamento de Potosí.
Arizaga indicó que desde el Gobierno se confirmó que existe actividad ilegal en la zona y que el dique de colas que colapso debía dejar de funcionar el 2014 pasado, pero continúo operando.
Para el diputado el riesgo de contaminación al Pilcomayo y otros afluentes continúa latente, siendo que existen otros diques de cola que operan sin autorización y que debían dejar de funcionar hace unos años atrás.
Recordó que el Gobierno en agosto pasado, con el viceministro de Medio Ambiente informó que no se hubiera encontrado contaminación alguna en las aguas del río Pilcomayo producto de la rotura del dique de colas en la comunidad de Agua Dulce en Potosí.
Posteriormente, desde la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados se hizo una Petición de Informe Oral (PIO) al ministro de Medio Ambiente, Juan Cruz, autoridad que confirmó que la contaminación se generó en el espacio en donde se suscitó el colapso del dique de colas.
El legislador nacional indicó que el informe oral, el ministro también confirmó que el dique de colas que colapsó operaba sin autorización legal de funcionamiento.
Explicó que existen desechos mineros en el río que está paralelo al dique de colas y que sus aguas llegan hasta el río Pilcomayo, por lo que dijo que en algún momento eso llegará hasta otros departamentos por donde pasa la cuenca e incluso podría llegar hasta los vecinos países de Argentina y Paraguay.
Para el diputado Arizaga el tema va más allá de la contaminación, puesto que también se observó la falta de acciones por parte del ejecutivo nacional.
Mencionó que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua no tomó acciones en contra de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin).
Remarcó que si no se tenía autorización para operar, se realizaba una actividad ilícita y se supone que el Gobierno actúa en defensa del Estado, por lo que debería haber sumido acciones de manera inmediata, pero no lo hicieron.
“Parecería que habría un contubernio del Estado con las cooperativas”, expresó.
Dijo que el único que realiza acciones en el tema, es el Ministerio Público de Potosí, pero el caso se encuentra aún en proceso de investigación.
Considera que existen dos factores importantes en este tema, uno que la contaminación se generó tras el colapso del dique de colas y afirmó que de eso no hay duda alguna.
También hizo referencia a que el propio ministro confirmó que las actividades en la zona eran ilícitas en el momento del incidente, puesto que no tenían la autorización de las instancias gubernamentales.
Arizaga cree que las instancias competentes deberían esclarecer el por qué se continúa trabajando en la zona, sin los permisos correspondientes.
Denuncian que la AJAM actúa como una agencia de concesiones
Por otra parte, el diputado cuestionó la labor que realiza la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que a su parecer en la actualidad se habría dedicado solo a entregar contratos, a funcionar como una agencia de concesiones.
Se olvidaron se hacer seguimiento y control de la actividad minera.
Arizaga recordó que el 2019 en la gestión del expresidente Evo Morales se aprobó por el ejecutivo nacional alrededor de 63 nuevos contratos mineros, pero faltaba la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB).
Muchas de los solicitantes comenzaron a operar sin contar con la autorización y cuando el tema se trato en la Asamblea Legislativa ya en la gestión del Gobierno de Luis Arce Catacora, no fueron aprobados.
Se tenían solicitudes para actividad minera en Potosí, Chuquisaca, Tarija y otros departamentos.
Muchas de las concesiones que pretendían aprobar por el gobierno del expresidente Evo Morales, comenzaron a operar desde el 2017, 2018, pero de manera ilegal.
Señaló que algunas empresas comenzaron a operar pensando que el órgano legislativo los aprobaría al igual que lo hizo el órgano ejecutivo, pero fueron rechazados.
El diputado dijo que la AJAM en vez de realizar observaciones a estas actividades ilegales, se dedicó a la venta de concesiones.
“No les importa que pasa con los contratos (…) o si ha cumplido con su ciclo de vida”, expresó haciendo referencia a los diques de colas.
El legislador nacional mencionó que un estudio de hacer varios años observa la presencia de varios diques de colas en la zona, alrededor de siete.
Esos diques de cola debían dejar de operar hace varios años atrás, al igual que el dique de colas que colapsó en la comunidad de Agua Dulce del municipio de Yocalla. Éste último debía cerrar el 2014, pero continúo operando hasta el desastre ambiental que se registró en julio de este año.
Arizaga indicó que no hubo una fiscalización por la instancia competente del ejecutivo nacional y dejaron que siga trabajando.
Remarcó que hay otros diques de colas en Potosí que deberían estar cerrados, pero siguen funcionando y no se los observa.
Mencionó que existen algunos diques en peor situación, que ni siquiera están inscritos o registrados en funcionamiento, pero se encuentran operando.
Ante esta situación, el diputado considera que el riesgo de contaminación continúa latente, mientras no se asuman acciones por parte de las instancias competentes para sentar un precedente y evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir.
Lamentó que a las autoridades no les importe el cumplimiento de las normativas ambientales, ni las normativas de uso, más les importa las regalías.
“Me parece que hemos ido a un nivel en donde más nos importa la plata que nos dan, en relación a lo que debería ser la vigilancia y la supervisión del cumplimiento de la Ley”, apuntó.
Reiteró, que en varias oportunidades se indicó que la AJAM más esta como una agencia de concesiones y no les importa el trabajo que se realiza en la actividad minera, qué se explota o si existen actividades ilegales.
Danos inminentes
Respecto a la limpieza que se debía realizar y que comprometió Fedecomin para levantar los lodos derramados en alrededor de 32 kilómetros por el colapso del dique de colas, Arizaga indicó que por más que se realice la limpieza el daño ya se hizo.
Dijo que consultaron con expertos en el área y les indicaron que por más que se realizar un proceso de limpieza, el daño no se puede retrotraer.
En el tema ambiental, dijo que los daños ya se ocasionaron, que se generó contaminación y no se puede realizar acciones para mitigar el daño en un 100 por ciento.
Explicó que el dique de colas es como un basurero en donde se echan los desechos de la actividad minera y que cayeron a un río que desemboca en la cuenca del Pilcomayo.
Indicó que no se actuó con responsabilidad por parte de las cooperativas minera, siendo que cuando se fue al lugar a verificar los trabajos, había unas cuatro o cinco personas tratando de levantar los lodos con pala y una retroexcavadora que operaba de rato en rato.
Mencionó que no es el único caso que se registró en la zona, puesto que también se evidenció que en el lugar había un ingenio minero, del que se hizo conocer que pertenecería a personas oriundas de China, y ese ingenio continúa derramando algunos desechos.
Si bien este no es el único caso que se presenta y que pone en riesgo el medio ambiente, dijo que este caso encendió la alarma de las autoridades para que se puedan poner las cosas en orden.
Mercado negro
Por otra parte, el diputado menciono que en el caso de Chuquisaca, se tenían zonas que eran netamente productivas, que producían hortalizas, pero lamentablemente hoy en día se han convertido en el mercado negro de los minerales, en muchos casos actúan con los mismos Gobiernos Municipales, con el objetivo de sacar regalías y beneficiarse con los recursos económicos.
Señaló que se inició un proceso penal, un caso en el municipio de Las Carreras de Chuquisaca, para sentar un precedente y que nadie más se atreva a llevar procesos de explotación de minerales de manera ilegal y al mercado negro.
Considera que esto ocurre por la omisión por parte del ejecutivo nacional.
Acciones
El diputado Arizaga anunció una interpelación al ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Cruz por este tema, por el colapso del dique de colas, la actividad minera ilegal que pone en riesgo afluentes de agua.
Remarcó que el tema esta en agenda y se espera el cronograma de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
La acción de interpelación considera que se lo hará el próximo año, para que la autoridad nacional responda varias interrogantes que no se respondieron en el informe oral.
También mencionó que se inició un proceso de vigilancia en el departamento de Potosí y otras regiones, con visitas que se realizarán a diferentes municipios sobre la actividad minera, para entender en donde se desarrolla el mercado negro de minerales.
Afirmó que Tupiza es un mercado negro de minerales y que evidencia de ello, es la falta de combustible, situación que no se percibía años atrás.
Indicó que las empresas en la mañana comprar combustible para que funcionen sus motores para la extracción de minerales y es por eso la falta de combustible en Tupiza, que se hace recurrente.
En Villa Abecia también se ahonda el tema para llegar a las acciones que correspondan sobre la actividad minera ilegal.
En el tema internacional, informó que se enviarán notas a las embajadas de Argentina y Paraguay para que se pueda hacer conocer mediante sus instancias de control cuál es el grado de contaminación que tiene el río Pilcomayo.
Se lo hará con el objetivo de tener mayor precisión sobre la contaminación, respecto a la negación por parte del gobierno de Bolivia.
Considera que todavía hay seriedad en el trabajo por parte de los países vecinos, principalmente en Paraguay.
Recordó que las denuncias de contaminación en el río Pilcomayo por la actividad minera no es reciente, que se lo hace desde hace unos 20 años atrás, pero no se realizaron acciones para resolver este tema y considera que ahora se debe sentar un precedente.
