Osmar Arroyo/El Andaluz
El abogado Marco Antonio Cardozo que representa a los padres de familia que denunciaron que sus hijas de segundo de primaria fueron agredidas por un menor de 12 años al interior de la unidad educativa donde estudian, informó a El Andaluz que se prepara una acción legal en contra de la directora de la unidad educativa, porque no realizó ninguna acción sobre las denuncias presentadas.
Recordó que el primer hecho de agresión sexual se registró el pasado 12 de abril, luego se tiene una denuncia del 19 de mayo y el tercer hecho se habría registrado el 19 de octubre de este año.
Mencionó que en el primer y segundo caso el menor de 12 años actuó solo, pero en el tercer hecho que se registró actuó con dos estudiantes más.
El abogado lamentó la actitud de la directora frente a los hechos denunciados.
“La actitud de la directora ha sido evasiva, una actitud indolente, que busco desligarse de esto como si fuera una papa caliente”, expresó Cardozo.
Indicó que la directora de la unidad educativa ante las denuncias de violencia entre pares al tratarse de menores de edad, debía cumplir con la normativa vigente referente a las sanciones en el sistema educativo.
Remarcó, que no era necesario acudir ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, puesto que al tratarse de menores de edad, tanto las víctimas como el agresor, siendo que los menores son inimputables.
Más bien, debería haber iniciado con un tratamiento sicológico para los menores, tanto para el agresor como las víctimas, pero jamás ocurrió eso y la directora no se dignó en observar que existe una resolución ministerial, la 162/01 del Reglamento de Funcionamiento de las Unidades Educativas Fiscales y de Convenio.
Cardozo dijo que la normativa prevé en este tipo de casos procesos internos.
También mencionó la resolución ministerial 01/2022 en su artículo 113, que señala que también se puede proceder con la expulsión si el caso lo amerita.
Indicó que también lo respalda la Sentencia Constitucional 469/2019-S2 que indica que las sanciones en el ámbito educativo están permitidas.
Es para recordar a los menores que están en un Estado Constitucional de derecho y que se deben cumplir con ciertas obligaciones, cuando no se lo hace existe una limitación a sus derechos con el único objetivo de reinsertar a este menor en un ambiente del sistema educativo.
Remarcó que el proceso interno o las sanciones que se determinen no vulneran el derecho a la educación.
Para Cardozo, la directora de la unidad educativa no ha tomado en absoluto ese criterio, desde que se tuvo la primera denuncia en abril pasado, luego el 19 de mayo y por ultimo el 19 de octubre y ha evadido su responsabilidad, ha incumplido con su deber de abrir un proceso administrativo por las denuncias presentadas.
Los padres de familia se reunieron con la directora de la unidad educativa, pero no cumplió con la atención al pedido de los padres de las niñas que fueron víctimas del menor de 12 años.
Ante esta situación Cardozo dijo que se presentó el pasado 10 de noviembre un memorial a la directora de la unidad educativa para hacerle recuerdo de la normativa vigente en cuanto a sanciones y proceso en el sistema educativo cuando se registran casos de violencia entre pares, en este caso con agresión sexual.
El memorial recién fue respondido el 17 de noviembre por parte de la directora.
El abogado dijo que en la nota de respuesta solo se invoca normativas sin explicar de forma fundamentada una relación de análisis jurídico que permita comprender las razones por las que la directora de la unidad educativa de la Red Fe y Alegría no cumple con los procedimientos establecidos en la normativa.
Las acciones que debería asumir indicó referente a la normativa, que no es facultativo que es imperativo sobre cada uno de los casos donde se tenga violencia entre pares.
En este caso violencia producida en razón de género, esto merece un sistema de protección reforzado.
“A razón de esta actitud irresponsable y carente de humanidad de la directora”, apuntó Cardozo, que presentarán una denuncia en contra de la directora de la unidad educativa, mediante una acción de libertad y será la justicia quién restituya los derechos a las menores.
Espera que consiguientemente se realice una valoración integra y se conceda la tutela de la acción que se presentará en base a un petitorio y además, del proceso anteriormente mencionado, que se debería abrir.
Pedirán que la remisión de antecedentes al Ministerio Público por la negligencia de la autoridad de la unidad educativa por la revictimización y que se tengan más víctimas.
Osmar