Osmar Arroyo/El Andaluz
El exgobernador de Tarija, Adrián Oliva tendrá que enfrentar otro juicio en su contra, esta vez por el presunto sobreprecio en la compra de equipos para el área de salud.
La denuncia fue interpuesta por el exasambleísta departamental, Abel Guzmán por la compra de dos lavadoras y dos secadoras, en las que se tendría un sobreprecio.
El exlegislador indicó a El Andaluz que una lavadora de 80 kilos en la gestión de Adrián Oliva se compró a 1.156.000,00 bolivianos, siendo que había propuestas de menor costo, de hasta 800 mil bolivianos.
Considera que se tiene n sobreprecio de 269 mil bolivianos, de acuerdo a los datos presentados en el proceso en contra de la exautoridad departamental.
La denuncia contra Adrián Oliva se presentó el 3 de mayo del 2020, por los presuntos delitos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
En la denuncia se hace referencia a la adquisición de dos lavadoras y dos secadoras para el área de salud por el covid 19.
Las secadoras de 60 kilos de capacidad, se adquirió a 418.903,64 bolivianos cada una, y la cotización que se hizo de una secadora es por 324.357,77 bolivianos con una mayor capacidad, por lo que Guzmán dijo que se tuvo un sobreprecio de 94.434,87 bolivianos por cada secadora.
En la compra de las dos lavadoras y las dos secadoras, Guzmán explicó a El Andaluz que se tendría un sobreprecio de 727.877,12 bolivianos, más de 700 mil bolivianos.
El exlegisaldor departamental por la provincia O´Connor remarcó que se trata solo de dos ítems de 35 equipos que se adquirieron en la gestión del exgobernador Adrián Oliva.
En mayo de este año, el Ministerio Público realizó la acusación formal en contra del exgobernador que ahora tendrá que responder por la compra de los equipos para el área de salud durante su gestión por presunto sobreprecio.
Víctimas
Abel Guzmán indicó que esta establecido quiénes son las víctimas en este proceso, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, que incluye al órgano ejecutivo y al órgano legislativo.
En este caso mencionó que como víctima la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) debía apersonarse como víctima y adherirse a la denuncia, pero no lo hicieron.
Señaló que dentro del proceso también están como víctimas el Ministerio de Justicia, la Procuraduría, quiénes también debían constituirse.
Mencionó que el pasado 7 de julio del presente año desde el Juzgado Primero de Sentencia se procedió a notificar a la Asamblea Departamental y dieron un plazo de 10 días para que puedan constituirse como víctima y parque querellante, pero no lo hicieron.
A pesar de los conflictos internos que se tenían en la Asamblea Departamental, los miembros de la directiva podían haberse constituido y Guzmán dijo que el secretario de la directiva, Horacio Soruco conocía de la notificación y del proceso, pero habría indicado que no es competencia de la Asamblea Departamental y que correspondería que el ejecutivo departamental se constituya como parte afectada.
Guzmán recordó que los miembros de la directiva de la Asamblea Departamental tienen la obligación en asumir como parte dentro del proceso.