Osmar Arroyo/El Andaluz
Después que la semana pasada se notificó de manera oficial con la sentencia constitucional sobre la suspensión del factor del actual factor de distribución hasta que se tenga el nuevo estudio, en el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija y el Gobierno Autónomo Regional del Chaco, los equipos jurídicos analizan las acciones legales a asumir para frenar el falo que consideran que vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) porque establece la aplicación del nuevo estudio del factor de distribución de manera retroactiva.
El secretario de Gestión Institucional del Gobierno Autónomo Regional del Chaco, Miguel Salazar indicó a El Andaluz que se hacen las gestiones necesarias para recabar toda la documentación necesaria para interponer acciones legales.
Remarcó que la sentencia lesiona derechos fundamentales y perjudica a sectores vulnerables de la población como adultos mayores y personas con discapacidad, debido a que programas a favor de estos sectores se verán afectados con la disminución de recursos económicos por concepto de regalías petroleras.
Para la autoridad del Chaco llama la atención que el fallo sugiera que se aplique un nuevo factor de distribución en el pago de regalías a Tarija y Chuquisaca de los meses de junio, julio y agosto, es decir de manera retroactiva.
Salazar indicó que esa decisión va en contra del artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Mencionó que se valoran las acciones que se asumirán por la sentencia constitucional de la Sala Constitucional Primera de la ciudad de Sucre.
Dijo que están valorando una serie de acciones, entre ellas una acción penal en contra de los dos vocales que otorgaron la tutela de la acción popular al accionante para suspender el factor de distribución.
Señaló que el nuevo factor de distribución recién saldrá y no se sabe cuanto tardará o los resultados que arrojará.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Gobernación de Tarija, Efraín Rivera informó que el equipo jurídico del Gobierno Departamental analiza las acciones legales que se asumirán ante la sentencia constitucional sobre el factor de distribución y harán conocer el tipo de acción que se hará al momento de presentarlo.
Declaratoria de emergencia
La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) sesión en la pasada jornada y aprobó una declaratoria de emergencia por el fallo que suspende el factor de distribución.
El presidente del ente legislativo, José Luis Ferreira indicó que se trata de un tema de mucha importancia para el departamento y se logró aprobar un proyecto de declaratoria de emergencia para que se haga seguimiento sobre el trabajo que se realiza en el nuevo estudio del factor de distribución.
El documento señala de manera expresa.
Primero. Declarar a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija en Estado de Emergencia ante la afectación de nuestros derechos como departamento de Tarija, la afectación e las leyes y la posible reducción de los ingresos provenientes del campo Margarita-Huacaya.
Segundo. Ser parte como Asamblea Legislativa Departamental de Tarija de la presentación de todos los recursos legales necesarios con la única finalidad de precautelar y restablecer derechos colectivos del pueblo de Tarija y evitar la aplicación retroactiva del factor de distribución del campo Margarita-Huacaya.
Tercero. Participar institucionalmente como Asamblea Legislativa Departamental de Tarija a través de la directiva y la comisión de Energía e Hidrocarburos del Comité interinstitucional de Defensa del campo Margarita-Huacaya y de todas las acciones en defensa que se convoquen para tal fin, instar a las autoridades del departamento a sumarse a esta lucha, socializar en las provincias y a la Región Autónoma del Gran Chaco la problemática relacionada a la actualización y aplicación retroactiva del Factor de Distribución.
Cuarto. Requerir información a la Gobernación sobre acciones de defensa asumidas sobre los mega campos Margarita – Huacaya, y exigir, a YPFB y al Director de Tarija en el directorio de la referida institución aplique el artículo 10 del Reglamento de Campos compartidos, que no puede ser de forma retroactiva.
Efraín Rivera indicó que de acuerdo a cronograma este 12 de agosto la empresa a cargo del nuevo estudio lo estaría entregando a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y tendrá tiempo para revisarlo hasta el 21 de agosto y estarían remitiendo una copia del estudio a la Gobernación de Tarija el 22 de agosto.
