Osmar Arroyo/El Andaluz
El pasado 26 de abril la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Esther Sánchez presentó una denuncia ante la presidencia de la comisión de Economía Plural e Industria de la Cámara de Diputados sobre la actividad minera ilegal en el departamento de Tarija.
La legisladora nacional recordó que el pasado 19 de abril se realizó una reunión en la Brigada Parlamentaria de Tarija en donde asistieron funcionarios de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Tupiza, pero no autoridades nacionales, pero no respondieron las preguntas planteadas y señalaron que la única manera de responderlas era a través de una petición de informe.
Ante esta situación Sánchez decidió formalizar la denuncia ante la comisión de diputados, para que esta instancia convoque a las partes, es decir a la parte denunciante y también a las autoridades nacionales de la AJAM.
Mencionó a El Andaluz que la denuncia se presentó con 35 pruebas y un cd y que cuando sean convocados se presentarán más pruebas que se recolectaron durante estas semanas sobre las empresas privadas y cooperativas mineras que realizan la actividad minera en el departamento de Tarija.
Mencionó que de la comisión de Economía Plural la denuncia tendrá que remitirse a la comisión de Minería para que se pueda revisar las 35 pruebas presentadas pro la actividad minera ilegal en Tarija y las funciones que cumple la AJAM.
Lamentó que la AJAM no este cumpliendo con sus funciones, señalando que si fuera como si el Gobierno nacional estuviera dando una “carta blanca” para toda esta situación, sean empresas privadas o cooperativas mineras, de creer que tienen el derecho de extraer mineral, sin una licencia ambiental, sin una autorización oficial, solo con ingresar un trámite para que se apruebe la explotación de cuadrículas.
La diputada dijo que el pasado 5 de mayo se tenía prevista una reunión, pero no se la llevo adelante, debido a la elección e la nueva directiva de la Asamblea Departamental.
Indicó que esperarán a que se elija la nueva directiva de la Asamblea Departamental y se conforme las comisiones para convocar a la comisión que corresponde sobre el tema de minería y a la Gobernación para que se pueda abordar el tema.
Desde las comunidades, además, de la actividad minera ilegal, se denunció la contaminación de las aguas del río San Juan del Oro con la actividad minera y de la fuga de regalías, por la extracción ilegal de mineral, que luego se comercializa como si fuera mineral extraído del departamento de Potosí, del municipio de Tupiza.
