Esperan el cierre del proyecto “Ciudad Inteligente” para pedir a la Contraloría una auditoria especializada

Osmar Arroyo/El Andaluz

La concejal municipal de Tarija, Marcela Guerrero informó a El Andaluz que después de concluir con el trabajo de fiscalización al proyecto “Ciudad Inteligente”, aguardan un informe de la comisión multidisciplinaria que acompañó las inspecciones.

La concejal indicó que una vez que se haga el cierre del proyecto se pedirá a la Contraloría General del Estado que pueda realizar una auditoría especializada al proyecto para determinar responsabilidades de exautoridades sobre presuntas irregularidades en el proyecto.

Señaló que después del trabajo de fiscalización salieron algunas conclusiones del trabajo realizado como Concejo Municipal.

Considera que se debe dilucidar las anomalías que se tienen en el proyecto, para determinar si fueron correctas o no las acciones que se tomaron por exautoridades municipales sobre el proyecto Ciudad Inteligente, al modificar el proyecto para continuar con su ejecución.

Esperan que se pueda cerrar el proyecto para solicitar a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría especializada al proyecto y se pueda establecer responsabilidades en caso de que lo hubiera.

Recordó que el proyecto ya cuenta con una resolución de recepción definitiva, pero todavía resta el pago de un poco más de 4 millones de bolivianos.

Guerrero dijo que el Gobierno Departamental se comprometió en participar del proyecto con 8 millones de bolivianos, de los que se tiene un saldo pendiente de 4.9 millones de bolivianos.

La concejal indicó que se emitirán las minutas de comunicación necesarias para que las autoridades puedan cumplir con los pendientes, se haga el cierre del proyecto y se inicie con la auditoría especializada.

También se tomará en cuenta las observaciones de la Policía Boliviana, que pide que el proyecto pueda funcionar a un 100 por ciento para hacer la transferencia de centro de monitoreo a la institución del verde olivo.

La concejal dijo que se debe dar funcionabilidad al proyecto, más allá de la fiscalización y la auditoría.

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