(El Andaluz)
Acorde a información emitida por la Agencia Boliviana de Información (ABI), la fiscal departamental de Tarija comunicó ayer que el juez de Instrucción Penal Primero de Villa Montes sentenció a Porfidio C.Y., a 25 años de prisión por el delito de violación agravada cometido en contra de su hijastra de 13 años.
“El Ministerio Público ofreció las pruebas consistentes en el informe psicológico en el que la víctima relató todo lo sucedido, certificado médico forense, declaraciones testificales y otros elementos, además que Porfidio admitió haber cometido el delito y solicitó someterse a la salida alternativa de procedimiento abreviado, por ello la autoridad jurisdiccional emitió la condena de 25 años”, dijo a ABI Gutiérrez.
El hombre se sometió a un proceso abreviado debido a que confesó su crimen, el hecho fue denunciado el pasado 8 de diciembre cuando la menor contó a su madre que su pareja la violaba y amenazó con matarla si se lo contaba a alguien.
Violación el segundo delito denunciado en Bolivia
Según la agencia EFE La Fiscalía General del Estado informó en enero que el principal delito denunciado en 2021 en el marco de la ley que protege a las mujeres fue el de «violencia familiar o doméstica» y que en la oriental Santa Cruz se registró la mayor cantidad de denuncias.
El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, indicó que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género se contabilizó 46.774 casos enmarcados en la ley 348 que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, de los cuales 37.613 fueron casos de violencia familiar o doméstica.
El segundo delito más denunciado en 2021 fue el abuso sexual con 2.638 casos, le sigue la violación con 2.249, seguido de violaciones a niños o adolescentes con 2.078 casos y el estupro con 1.548, según datos difundidos en un comunicado de la Fiscalía General del Estado.
El mayor número de casos se registró en Santa Cruz con 17.831 causas, seguido de La Paz con 9.293, luego la central Cochabamba con 6.800 casos.
Lanchipa sostuvo que para la atención de estos casos los fiscales especializados trabajan en la no revicitimización de la denunciante y además que se disponen medidas de «protección» a favor de la víctima.
Varios colectivos de mujeres marcharon el año pasado exigiendo celeridad en la investigación de los casos que tienen que ver con la violencia machista en el país y exigían justicia para que no liberen a sus agresores.
La Fiscalía también informó este fin de semana que en 2021 se registraron en total 108 feminicidios, de los cuales en 83 casos identificaron a los agresores.
El departamento con mayor incidencia de feminicidios fue La Paz con 43 casos, seguido de Santa Cruz con 17.
Además, se reportaron 46 infanticidios y se identificó que la mayoría de los casos los agresores son sus padres o la familia.
Situación en Bolivia
La excarcelación ilegal de feminicidas con la ayuda de jueces, abogados y médicos que certificaban a los reos dolencias falsas para beneficiarlos con la detención domiciliaria ha puesto a la Justicia de Bolivia en el banquillo del acusado. La trama de corrupción descubierta alcanza dimensiones preocupantes con más de cien casos investigados, lo que ha provocado una mayor desconfianza hacia las autoridades y dolor en las familias de las víctimas.
Hace tres semanas Bolivia quedó inmersa en la conmoción al saber que el sentenciado a 30 años por un feminicidio Richard Choque Flores obtuvo a cambio de una coima de 3.500 dólares y un whisky, el beneficio de la detención domiciliaria con certificados médicos amañados. Además, el feminicida se aprovechó de ese beneficio para matar a otras dos jóvenes que enterró en su casa y para violar a decenas de mujeres, una cifra que podría llegar a 70, según las autoridades.
El caso quedó lejos de ser excepcional porque en las últimas horas, el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo, confirmó que se ha capturado a 23 personas, entre ellas a condenados por feminicidios y violaciones que estaban libres, además de jueces y abogados que formarían, según dijo, una «organización criminal» para liberar a estos delincuentes.
Según datos de la investigación, han sido detenidos tres jueces, entre ellos el del caso Choque Flores; tres abogados, tres médicos y dos empleadas de juzgados, todos implicados en los casos de corrupción.
Además, Del Castillo reveló que una comisión formada por orden del presidente Luis Arce está «investigando 135 casos de personas que tendrían sentencia ejecutoriada por los delitos de feminicidios, violación y violación agravada», incluso cometidos contra niñas, niños y adolescentes, pero que no están recluidos en las cárceles como deberían.
Bolivia es uno de los países de Suramérica con las peores tasas de violencia sexual y feminicidios y son habituales las denuncias contra la Justicia, pero se desconocía que los feminicidas sentenciados a 30 años sin derecho a indulto podían lograr la detención domiciliaria, que en la práctica es igual a tener la libertad ya que no son custodiados.
