Agencias
Después de dos suspensiones consecutivas, el pasado viernes 4 de febrero se instaló la audiencia cautelar en contra de los cívicos y autoridades imputadas por la convocatoria al paro de noviembre de 2021. La autoridad jurisdiccional determinó anular el proceso, en virtud a que no habría suficientes indicios que sustenten los cargos en contra de las seis personas denunciadas.
En este caso se investigaban los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y separatismo, los imputados eran el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila Reese, el gobernador del departamento, Oscar Montes Barzón, el alcalde de Cercado, Johnny Torres Terzo, el ejecutivo de la Federación de Autotransporte “15 de Abril”, Gabriel Pérez, y líderes del Comité Cívico Juvenil.
La denuncia contra las mencionadas autoridades fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre, dos días después de iniciado el paro en rechazo a la Ley 1386.






