La tensión entre la Argentina y Bolivia por la importación de gas para 2022 creció en los últimos días. Según fuentes de la negociación, el Gobierno boliviano a través de la empresa YPFB, no desiste de sus posturas frente a la empresa estatal argentina Ieasa (ex Enarsa), lo que complica la formalización de una nueva adenda al contrato de compraventa de gas natural vigente desde octubre de 2006 y que vence en 2026.
Según fuentes de negociación, Bolivia no desistió en sus firmes posturas en las negociaciones mantenidas a través de la Empresa YPFB con la Empresa estatal IEASA (ex ENARSA) para poder formalizar una nueva adenda al contrato de compraventa de gas natural vigente desde octubre del año 2006. La petición argentina es a los fines de garantizar los mínimos instruidos para los meses de invierno y verano de éste año necesarios para el abastecimiento del mercado interno.
Esta situación conllevaría el volver a aplicar los términos y condiciones establecidos en la primer Adenda suscripta entre ambas partes para dicho contrato, representando para YPFB entregas aproximadas de 23 MM3/día, generándole incumplimientos muy por encima de los volúmenes que se estaban negociando para una nueva adenda que rondan los 7 MM3/día para el verano y 14 MM3/día para invierno.
El Gobierno prevé que durante 2022 la producción nacional abastecerá el 84% de la oferta total de gas natural. En tanto, el gas importado de Bolivia aportará el 7% y el GNL importado el 9% de la oferta total. En verano, los de menor demanda, el gas de origen local cubrirá en promedio el 94% de la demanda total y el 6% restante será aportado por el gas de origen boliviano.
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