Osmar Arroyo/El Andaluz
Durante la semana pasada El Andaluz publicó una nota sobre la respuesta del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) a la consulta realizada por el asambleísta departamental José Luis Ferreira sobre el proyecto de Ley del 45% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para el Chaco, si es que su tratamiento en la Asamblea Departamental no vulnera la competencia privativa del Nivel Central del Estado sobre hidrocarburos o la competencia exclusiva sobre política fiscal.
El abogado Marco Antonio Cardozo hizo conocer a El Andaluz que el SEA ya había emitido un informe sobre el tema del IDH hace dos años atrás, en agosto del 2019, sobre un proyecto de Decreto Supremo para la transfe3rncia del 45% del IDH al Chaco.
El informe del 2019 señala que es competencia del nivel central el determinar la transferencia de esos recursos a la Región Autónoma del Chaco, pero en el pronunciamiento que hace la misma entidad este año, indica que el tema es de competencia de la entidad autónoma departamental.
Cardozo, explicó que el pronunciamiento del SEA de este año indica que son las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) las que regulan el manejo de sus recursos económicos.
Se señala que se lo debe hacer de acuerdo a la establecido en la normativa vigente, sin embargo, a la fecha no se conoce de una norma que establezca el porcentaje que debe percibir el Chaco del IDH.
De manera totalmente contradictorio, el informe emitido por esa misma instancia en agosto del 2019 señala que es competencia privativa del Estado la policía en hidrocarburos y que es competencia exclusiva del Nivel Central del Estado la política fiscal.
Cardozo dijo para las Noticias de Tarija, que sorprende que en dos años se tenga pronunciamientos totalmente distintos por parte del SEA.
El 2019 la consulta al SEA la realizó María Delgadillo Camacho, directora general de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) dependiente del Ministerio de Planificación.
“Es necesario contar con una norma del nivel central del Estado que facilite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que desde su competencia exclusiva de Política Fiscal y en su condición de ente rector de las finanzas públicas, viabilice la transferencia directa de recursos al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y a los Gobiernos Autónomos Municipales de Yacuiba, Caraparí y Villa Montes en los porcentajes previstos por la normativa vigente”, señala una de las conclusiones en el informe del SEA emitido en agosto del 2019.
En cambio el pronunciamiento del SEA del 10 de agosto del 2021 indica “Una vez constituidos los poderes públicos en las áreas funcionales mencionadas, tanto a nivel central como subnacional se asignan recursos para su funcionamiento que pueden ser generados o recaudados a nivel de la jurisdicción de la entidad territorial (recursos propios-descentralización de la recaudación) o transferidos mediante diferentes mecanismos desde el nivel central (transferencias condicionadas y no condicionadas). Estos recursos son administrados de manera autónoma por cada unidad de gobierno (central o subnacional), es decir, que la decisión del “qué, el cómo y el cuándo” invertirlos, se realiza mediante sus propios órganos de gobierno y se ejecuta mediante sus propios entes de administración, siempre en la perspectiva de responder a las necesidades colectivas y bajo un control de legalidad”.
El abogado Cardozo dijo que además, de las contradicciones en los dos informes, no se conoce que normativa establece el porcentaje que debe recibir el Chaco por concepto de IDH.
Porcentajes del IDH
En los dos informes se establece que se debe definir la transferencia de recursos del IDH de acuerdo a la normativa vigente, pero no se tiene una norma que establezca esos porcentajes dentro del departamento.
Cardozo mencionó que la Ley 3058 de Hidrocarburos es la única norma que hace referencia al IDH, cuanto corresponde, pero sólo indica que se debe priorizar la distribución de los recursos del IDH en favor de las regiones productoras.
El profesional aclaró que no se hace referencia a un porcentaje, pero se señala priorizar recursos para las regiones productoras, en este caso no solamente se trata de la provincia Gran Chaco, porque no es la única que produce hidrocarburos en el departamento, también se tendría que incluir a la provincia O´Connor y Arce.
“No hay un porcentaje, cuánto debe ir a una provincia productora”; apuntó.
Remarcó, que no se establece cuánto se debe de dejar dar a Cercado para darle al Chaco, a O´Connor y a la provincia Arce.
Cardozo no entiende que sucede con el SEA por los dos informes que se contradicen sobre el mismo tema.
“Esta vulnerando la naturaleza que tiene el SEA, que debería ser una instancia de asistencia técnica y de apoyo (…) No se entiende que esta instancia técnica se contradiga. Da a pensar que alguien esta de manera mal sana dirigiendo una entidad técnica, mediante un accionar político”, agregó.
Conflicto de competencias
Asambleístas departamentales del Chaco presentaron en la nueva gestión legislativa un proyecto de Ley para que se pueda realizar la transferencia del 45 por ciento del IDH a favor del Gobierno Autónomo Regional del Gran chaco.
El proyecto de ley fue presentado ante la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), pero también se lo presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB).
Debido a esta situación, es que las comisiones legislativas del departamento determinaron que se realicen las consultas necesarias, para establece quién tiene la competencia legislativa para tratar el tema.
Con el pronunciamiento del SEA de agosto de este año, el vicepresidente de la Asamblea Departamental, Mauricio Lea Plaza, indicó que se debería volver a tratar el tema en el ente legislativo departamental.
Sin embargo, el proyecto de ley presentado en la Asamblea Plurinacional no fue retirado y estaría todavía en tratamiento, lo que genera un conflicto de competencia entre ambas instancias.
Cardozo explicó que si el nivel central del Estado no define los porcentajes que se deben transferir de los recursos del IDH para el Chaco, O´Connor y Arce, se deberá enviar a consulta el tema al Tribunal Constitucional Plurinacional para que determine de quién es la competencia de definir el tema.
